Datos del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) muestran que la informalidad laboral sigue siendo un fenómeno extendido en América Latina, aunque con diferencias significativas entre países. Uruguay y Chile registran las tasas más bajas de empleo informal, mientras que Bolivia, Honduras y Perú superan el 70 %, lo que implica que la mayoría de los trabajadores en esos países opera sin contrato formal, seguridad social ni protección laboral.

Según CREES, esta situación no responde a una anomalía coyuntural, sino a una tendencia histórica en la región. “La informalidad ha sido la norma, no la excepción”, señala el centro de análisis, al describir un patrón persistente que atraviesa a la mayoría de las economías latinoamericanas.

En el caso de República Dominicana, el comportamiento no difiere sustancialmente. A pesar del crecimiento económico registrado en los últimos años, una parte significativa de la población ocupada continúa dependiendo de empleos informales, generalmente asociados a baja productividad y menores ingresos. El crecimiento, aunque sostenido, no ha sido suficiente para revertir los factores estructurales que mantienen altos niveles de informalidad.

Entre esos factores, CREES identifica un sistema tributario poco competitivo, la multiplicidad de trámites, los costos administrativos y las obligaciones laborales, que resultan difíciles de asumir para pequeñas empresas y trabajadores independientes. En muchos casos, el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con estos requisitos actúan como barreras de entrada a la formalidad.

Este entorno genera incentivos para que empleadores y trabajadores opten por la informalidad como una vía de inserción laboral. Mientras estas condiciones persistan, la informalidad continuará siendo una alternativa recurrente para acceder a ingresos, aun cuando implique ausencia de protección social y mayor vulnerabilidad económica.

La experiencia regional sugiere que los países con menores tasas de informalidad han avanzado en simplificar regulaciones, reducir costos de cumplimiento y fortalecer la productividad. Sin cambios estructurales en estas áreas, la formalización laboral seguirá siendo un desafío pendiente para República Dominicana y gran parte de América Latina.