El Departamento de Estado de EE. UU. ha propuesto implementar una fianza de hasta 15,000 dólares para solicitantes de visas B1 y B2 (negocios y turismo) provenientes de países con altas tasas de permanencia ilegal. La medida, de carácter piloto y prevista para durar 12 meses, está diseñada para garantizar que los visitantes temporales respeten las condiciones de sus visados.

Según el borrador publicado en el Registro Federal, el objetivo de esta nueva política es que el Gobierno no sea responsable de los costos relacionados con aquellos que violen las reglas migratorias. De entrar en vigor, se trataría de una de las medidas más severas de control migratorio aplicadas a turistas en décadas.

¿Qué implica esta fianza y quiénes estarían afectados?

La medida permitiría al gobierno exigir una garantía económica de US$5,000, US$10,000 o hasta US$15,000, reembolsable si el visitante cumple con las condiciones del visado y abandona el país dentro del tiempo permitido. No afectaría a ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visas, que permite visitas cortas sin visa, y que está dominado por naciones europeas y asiáticas con historial migratorio confiable.

El texto no especifica cuáles países estarían incluidos, pero sí menciona que se enfocará en aquellos con:

• Alta tasa de sobreestadía de sus ciudadanos.
• Débil verificación de identidad y documentos.
• Programas de ciudadanía por inversión sin residencia real.

Esto sugiere que naciones del Caribe, América Latina, África y Asia podrían estar en la lista preliminar.

Un giro en la política consular estadounidense

Aunque propuestas similares han existido antes, el Departamento de Estado históricamente evitó su implementación por las dificultades logísticas de manejo de las fianzas, posibles interpretaciones discriminatorias y el impacto negativo en las relaciones bilaterales.

Esta vez, sin embargo, la administración justifica la acción señalando que no existen datos actuales que refuten su utilidad y subraya la necesidad de asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Además, esta política se suma a una serie de decisiones recientes que han endurecido el proceso de visado, como:

• Exigir entrevistas presenciales para más renovaciones de visa.
• Solicitar pasaporte vigente para aplicar a la Lotería de Diversidad de Visas.

¿Es una política efectiva o disuasoria?

Expertos en migración y relaciones exteriores han cuestionado tanto la eficacia práctica como la justicia de esta medida, argumentando que podría:

• Reducir drásticamente las solicitudes de visa de ciudadanos con ingresos modestos.
• Crear una barrera económica que perjudica más a países en desarrollo.
• Disuadir el turismo y los negocios legítimos con EE. UU.
• Generar tensiones diplomáticas innecesarias.

Por otro lado, sectores dentro del Gobierno sostienen que esta política tiene un efecto preventivo importante. Si alguien sabe que perderá una suma considerable por sobrepasar su estadía, pensará dos veces antes de violar las normas.

¿Y si se aplica? Las preguntas que quedan

Si se implementa, quedarán por responder interrogantes fundamentales:

• ¿Quién decidirá qué monto aplica por país o persona?
• ¿Cómo será el proceso de reembolso?
• ¿Cuáles son las garantías de que no se abuse del sistema?
• ¿Se aplicará también a estudiantes u otros tipos de visas?

El Gobierno estadounidense asegura que la decisión será evaluada después del año piloto. Aun así, muchos advierten que su impacto real podría sentirse desde el primer día, principalmente en sectores de clase media o baja que ven en EE. UU. un destino frecuente de negocios, turismo o visita a familiares.

Más allá de una medida administrativa, esta política refleja un giro más restrictivo en el enfoque migratorio de Estados Unidos, que podría tener repercusiones directas en el flujo de visitantes internacionales, especialmente desde países en vías de desarrollo. La implementación o no de esta fianza, su eficacia y justicia serán temas de debate diplomático y político en los próximos meses.

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