Los acusados, entre ellos varios generales, enfrentan cargos por corrupción y desfalco de más de RD$4,500 millones

Santo Domingo. El Ministerio Público concluyó este jueves la presentación de más de 2,900 pruebas contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros procesados en los casos Coral y Coral 5G, causados por un alegado entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.

La acusación, llevada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, incluye 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales.

Bienes incautados

El expediente recoge la incautación de bienes millonarios, entre ellos 214 inmuebles ubicados en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, San José de Ocoa, La Vega, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

También 86 vehículos de lujo, de carga y agropecuarios, 28 millones de pesos y 55 mil dólares en efectivo, además de cuentas bancarias inmovilizadas.

Además, armas de fuego, relojes de alto valor, equipos electrónicos y proyectos agrícolas.

El Ministerio Público aseguró que los bienes bajo custodia de la Procuraduría han generado ingresos por concepto de alquileres (RD$31.2 millones) y de proyectos agrícolas (RD$55.2 millones), montos que también serán solicitados en decomiso a favor del Estado.

Luego de la presentación de las pruebas acusatorias, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dispuso un receso hasta el 26 de agosto de 2025, fecha en la que los querellantes presentarán sus pruebas antes de que se dé paso a las defensas técnicas.

Los fiscales Jonathan Pérez y Arolin Lemos representaron al Ministerio Público en la audiencia.

Principales acusados

El expediente señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como cabecilla de la red integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas que operaron entre 2012 y 2020.

Entre los acusados también figuran el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

También la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, así como José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

La acusación detalla que el supuesto entramado sustrajo fondos de inteligencia del Cusep y del Cestur, utilizando mecanismos de desvío y lavado de activos para enriquecimiento ilícito.