El gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado una de las campañas de propaganda más intensas y costosas de los últimos años en respuesta al anuncio de la fiscal estadounidense Pamela Bondi, quien elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del mandatario venezolano. El despliegue incluye actos públicos, afiches, camisetas y mensajes masivos en redes sociales, en un esfuerzo por mostrar respaldo político y militar en medio de crecientes tensiones internas y externas.

Propaganda con apoyo militar

Maduro ha aparecido en medios acompañado de figuras clave del poder armado: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Según fuentes oficiales, esta imagen de unidad busca contrarrestar el impacto de la medida estadounidense. Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, altos mandos han replicado mensajes y videos en un formato guionizado para reforzar la narrativa oficial.

El gobierno atribuye la decisión de Washington a una supuesta operación conspirativa revelada por Diosdado Cabello, que incluyó la incautación de material explosivo en Maturín, estado Monagas. Paralelamente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha introducido el tema del Esequibo como un elemento de distracción política, reiterando que Venezuela no acatará ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia.

Represión y nuevas detenciones

Mientras se intensifica la campaña mediática, se ha registrado un aumento en las detenciones de dirigentes sociales y opositores. Entre ellos, el ex comisario de la DISIP, Omar Vázquez Lagonel, y la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales. Ambos casos han generado denuncias de desaparición forzada y reclamos internacionales, incluyendo pronunciamientos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de las Madres de Plaza de Mayo.

Las denuncias también alcanzan a la familia Baduel. Andreina y Margareth Baduel aseguran ser víctimas de vigilancia y hostigamiento, mientras a su hermano Josnars, preso en El Rodeo I, se le han restringido visitas y entrega de insumos. Organizaciones internacionales como la FIDH y la OMCT han pedido medidas urgentes de protección.

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