A septiembre de 2025, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) aumentó 4.8% respecto al cierre de 2024, alcanzando los US$60,361.9 millones, un 47% del PIB, según el Informe de Coyuntura Fiscal enero-septiembre 2025. El incremento ocurre en un contexto donde los mercados internacionales muestran una mejor valoración del país, reflejada en la reducción del riesgo soberano.

La composición de la deuda muestra que la mayor parte del endeudamiento continúa siendo externo, con US$44,085.6 millones (34.3% del PIB). De ese monto, el 23.3% corresponde a acreedores oficiales —“los organismos multilaterales representaron el 18.2% y los bilaterales el 5.1%”, según el informe—, mientras que el 76.7% proviene de acreedores privados, principalmente a través de bonos soberanos.

En cuanto a la deuda interna, esta se situó en US$16,276.2 millones, equivalente al 12.7% del PIB. El documento detalla que el 83.4% corresponde a bonos del Ministerio de Hacienda, un 13.1% a bonos emitidos para la Recapitalización del Banco Central y el resto a otras bancas locales y títulos canjeados. La composición refleja una estrategia centrada en instrumentos de mercado doméstico para cubrir necesidades de financiamiento sin desplazar liquidez bancaria.

Un elemento relevante del período es la evolución del riesgo país. De acuerdo con el comportamiento del EMBI, los bonos dominicanos en dólares negociados en el mercado secundario mostraron un nivel de riesgo menor que el promedio regional. “El riesgo país descendió de 2.3 a 2.1 al comparar los promedios de ambos trimestres acumulados”, indica el informe. Esto representa una reducción de aproximadamente 7% frente al mismo lapso de 2024.

La caída en el EMBI sugiere una mejor percepción del entorno fiscal y financiero del país. En economías comparables de la región, descensos similares han estado asociados a mejores condiciones de acceso a financiamiento, menores costos de colocación y mayor estabilidad en las proyecciones fiscales. En el caso dominicano, el informe señala que esta tendencia “refuerza la confianza de los inversionistas en la solidez fiscal y la capacidad de cumplimiento de los compromisos financieros”, lo que fortalece el perfil crediticio nacional.