Santo Domingo. Es probable que muchos aún se pregunten qué significa el cambio climático y cómo se manifiesta realmente. Para la República Dominicana, la respuesta ya no está en los pronósticos, sino en la evidencia concreta: lluvias que rompen récords, huracanes más destructivos, temperaturas que agotan y pérdidas económicas que se cuentan por cientos de millones de dólares.

Solo en noviembre de 2023, una jornada de lluvias intensas dejó 34 fallecidos, más de 37,000 desplazados y daños materiales por encima de los US$460 millones. El Gran Santo Domingo registró 431 milímetros de lluvia en un solo día, una cifra sin precedentes. ¿Sigue pareciendo algo lejano?

Tres eventos en 14 meses

Además de las inundaciones de 2023, el país fue impactado por el huracán Fiona en septiembre de 2022, el primero en golpear directamente desde 2004. Fiona destruyó más de 8,300 viviendas, dejó un millón de personas sin agua potable y generó pérdidas estimadas en US$375 millones.

En agosto de 2023, la tormenta Franklin causó estragos especialmente en el sector agropecuario, con más de RD$1,000 millones en pérdidas agrícolas y daños generales por RD$5,100 millones (unos US$90 millones). El total de daños entre estos tres eventos asciende a más de US$925 millones, sin contar las pérdidas humanas y sociales.

El clima ya cambió

Las cifras no mienten. El país está registrando olas de calor más frecuentes e intensas, que afectan la salud pública y los cultivos. Al mismo tiempo, las lluvias se han vuelto más irregulares y extremas, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.

Y lo que pasa en las costas es igualmente alarmante: el nivel del mar sigue subiendo, afectando comunidades costeras e infraestructuras clave del turismo y el comercio. Cada ola, cada tormenta, cada año seco o excesivamente húmedo, es parte del mismo patrón: una alteración constante del clima al que estábamos acostumbrados.

¿Por qué somos tan vulnerables?

La ubicación geográfica de República Dominicana y sus desigualdades estructurales hacen que el país figure entre los más expuestos del hemisferio a desastres naturales. Y el cambio climático no afecta a todos por igual: impacta con más fuerza a los sectores empobrecidos, a las zonas rurales, a los agricultores y a quienes dependen de sistemas débiles de infraestructura y respuesta.

Las consecuencias no solo son materiales, sino también sociales: aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria, migración interna y pérdida de medios de vida.

¿Qué se está haciendo? El reto de adaptarse y resistir

Desde 2015, el país cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2015–2030), que propone fortalecer la resiliencia de sectores como la salud, la biodiversidad y la gestión de riesgos. Sin embargo, su impacto aún es limitado ante la magnitud de los desafíos actuales.

En paralelo, han surgido iniciativas comunitarias como el proyecto Construyendo Comunidades Resilientes al Clima, que buscan empoderar a la población para responder con mayor eficacia a los desastres. Estas acciones locales, aunque valiosas, requieren mayor escala, coordinación interinstitucional y financiamiento sostenido.

Lo que hasta hace pocos años se consideraba un escenario futuro, ya es una realidad. Las estadísticas y los daños recientes confirman que la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una emergencia presente. Cada tormenta, huracán o sequía no solo es un fenómeno meteorológico, sino una alerta sobre la urgencia de repensar la planificación urbana, las políticas de riesgo y los modelos de desarrollo. Adaptarse ya no es una opción: es la única vía para sobrevivir a un clima que no da tregua.