Santo Domingo, RD: El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, una ofensiva anticorrupción con la que busca llevar a los tribunales a los responsables del presunto desfalco millonario cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como recuperar los fondos sustraídos al patrimonio público. La acción marca una de las investigaciones más amplias emprendidas por la Procuraduría en el sector salud.

Como parte del operativo, fue arrestado el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, junto a otras siete personas, tras una serie de 12 allanamientos en distintos puntos del país ejecutados por 25 fiscales y más de 200 agentes policiales. También figuran entre los detenidos Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de salud; Eduardo Read Estrella, empresario vinculado a servicios contratados por la ARS; Cinty Acosta Sención, representante de IntraCare; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, vinculada a la empresa Lufarfa.

La investigación señala que los imputados formaban parte de un esquema de corrupción sistemático que incluía sobornos, alteración de estados financieros, contratos ficticios, programas especiales sin base legal, y maniobras para desviar fondos destinados a la atención médica de la población más vulnerable.

El expediente incluye delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según el Ministerio Público, este entramado operó desde Senasa en coordinación con funcionarios internos y proveedores de servicios de salud.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el órgano acusador trabaja para que los involucrados “paguen por sus hechos criminales” y devuelvan al Estado cada peso sustraído, subrayando que Senasa es un patrimonio colectivo que garantiza el derecho constitucional a la salud.

“La Operación Cobra llegará hasta el final. No solo buscamos sanciones penales, también la restitución total de los recursos que fueron desviados”, afirmó Reynoso.

La operación es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y por la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca, junto a un equipo especializado en criminalidad organizada.

Las autoridades confirmaron que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación y podrían ser judicializadas conforme avancen las diligencias.