SANTO DOMINGO.— Un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití vuelve a colocar a República Dominicana dentro de las rutas utilizadas para adquirir armas, municiones, drones y otros equipos destinados a grupos armados haitianos, aunque también reconoce las actuaciones realizadas por las autoridades dominicanas para detener sospechosos e interceptar cargamentos.

El documento S/2026/714, remitido al Consejo de Seguridad el 3 de septiembre y publicado el 8 de septiembre de 2026, detalla el caso de tres ciudadanos arrestados en República Dominicana en junio de 2025 por su presunta participación en la adquisición de armas, drones comerciales y otros artículos para líderes de bandas haitianas.

Los señalados son Étienne Roudley, Sony Pierre y Sténio Saint-Fleur, quienes fueron entregados por las autoridades dominicanas a sus homólogos haitianos el 7 de junio de 2025, en Dajabón.

Según el Panel, los tres pretendían adquirir en una tienda de Santo Domingo un dron DJI Mavic 3 para Johnson André, alias “Izo”, dirigente de una estructura criminal haitiana.

Sin embargo, el informe establece que, pese a lo que describe como “evidencia abrumadora”, los tres fueron posteriormente puestos en libertad por las autoridades haitianas.

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Las investigaciones citadas por Naciones Unidas señalan que Roudley habría mantenido contacto regular con “Izo” durante aproximadamente dos años, período en el que presuntamente le suministró distintos artículos.

El Panel asegura además que Roudley estaba en comunicación con más de 30 miembros de alto nivel de Viv Ansanm, con quienes negociaba la adquisición de ropa, calzado, drones y armas de fuego obtenidos en República Dominicana.

El informe también afirma que utilizaba cuentas bancarias dominicanas para recibir dinero relacionado con esas operaciones.

El caso es presentado por los expertos como un ejemplo del funcionamiento de redes transfronterizas que abastecen a estructuras armadas de Haití.

Aunque las autoridades haitianas y dominicanas no reportaron formalmente violaciones del embargo de armas a través de la frontera terrestre durante el período examinado, el Panel sostiene que recibió información de que grupos armados haitianos continúan adquiriendo material mediante redes que operan a través de República Dominicana, con Belladère señalado como uno de los puntos vulnerables.

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El informe va más allá del caso de los tres detenidos.

Los expertos aseguran haber documentado durante 2026 distintos tipos de municiones que aparentemente fueron desviados de existencias oficiales dominicanas y terminaron en manos de bandas haitianas, particularmente de 400 Mawozo.

El Panel señala que fuentes de seguridad consultadas tanto en Haití como en República Dominicana indicaron la posible participación de agentes corruptos de cuerpos policiales y militares dominicanos en desvíos de material, incluyendo ventas en zonas fronterizas para su posterior traslado hacia Haití.

Uno de los antecedentes examinados fue la desaparición de grandes cantidades de municiones de inventarios de la Policía Nacional dominicana. El documento señala que las autoridades dominicanas realizaron inventarios e investigaciones y arrestaron agentes después de recibir información sobre esos desvíos.

También recoge que, en diciembre de 2025, un segundo teniente del Ejército dominicano y un ciudadano haitiano fueron arrestados en San Juan de la Maguana mientras transportaban 1,516 municiones en una motocicleta. El proceso judicial, según el informe, continúa abierto.