Al segundo trimestre de 2025, la informalidad laboral en República Dominicana se situó en 54%, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central. Aunque representa una disminución frente al 56.1% de 2024, el dato revela que más de la mitad de la población ocupada trabaja fuera del marco formal, lo que limita beneficios sociales, derechos laborales y el potencial de crecimiento económico sostenible.

Sectores con mayor y menor informalidad

El análisis por rama de actividad económica muestra grandes contrastes:

• Agricultura y ganadería: 89.5% de informalidad.
• Construcción: 85.4%.
• Transporte y comunicaciones: 68.0%.
• Comercio: 60.5%.

En el otro extremo, los sectores con menor informalidad fueron:

• Enseñanza: 5.3%.
• Salud y asistencia social: 3.9%.
• Electricidad y agua: 2.5%, el nivel más bajo registrado.

Estas diferencias reflejan tanto la naturaleza de las actividades económicas —muchas de ellas con barreras de entrada bajas y trabajos de temporada— como el impacto de regulaciones y costos asociados a la formalización.

Factores que sostienen la informalidad

El CREES señala que “la alta informalidad refleja el peso de las legislaciones, regulaciones e instituciones que moldean el mercado laboral dominicano”. Para muchas empresas y trabajadores, los costos de operar formalmente —como cesantías, trámites burocráticos y regulaciones— son elevados y actúan como un incentivo para permanecer fuera de la formalidad.

Según los expertos, mientras el sistema tributario mantenga un enfoque centrado únicamente en la recaudación, ignorando su efecto sobre la generación de empleo, los trabajadores continuarán en la informalidad. Reducir este fenómeno exige reformas integrales que alivien la carga sobre la producción y faciliten la contratación formal.

La informalidad laboral es un fenómeno presente en economías de ingresos medios de América Latina, donde sectores como agricultura y construcción presentan consistentemente los niveles más altos. Países que han logrado reducirla combinan incentivos tributarios, simplificación de trámites, acceso a seguridad social y políticas de formalización dirigidas a micro y pequeñas empresas.