El aumento de los precios internacionales del petróleo y otros insumos está obligando al Gobierno dominicano a expandir subsidios y transferencias, lo que incrementa el gasto público y presiona las finanzas del Estado, trasladando parte del impacto al contribuyente.

El contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente, ha elevado los precios de materias primas clave y los costos logísticos. En los primeros días del conflicto, los fletes marítimos aumentaron un 14.4%, lo que incide directamente en el costo de bienes importados y, por extensión, en los precios locales. A esto se suma el encarecimiento de insumos agrícolas, combustibles y productos derivados del petróleo.

En el plano local, estos aumentos comienzan a reflejarse en dos componentes sensibles del gasto de los hogares: combustibles y electricidad. En el caso de los hidrocarburos, el precio final incorpora distorsiones asociadas a impuestos, márgenes y mecanismos de cálculo. Según los datos disponibles, de cada RD$1,000 pagados por gasolina, RD$316 corresponden a impuestos, lo que equivale al 31.6% del precio.

En el sector eléctrico, el escenario combina factores externos e internos. Mientras los costos internacionales presionan al alza las tarifas, las empresas distribuidoras mantienen niveles de pérdidas y eficiencia que inciden en mayores transferencias públicas. Esto implica que, además del ajuste en tarifas, el Estado deberá destinar más recursos para sostener el sistema.

“El escenario es claro, las transferencias a las EDE aumentarán con respecto al monto presupuestado para 2026”, señala el análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). Estas transferencias, junto a los subsidios a combustibles, representan compromisos fiscales que, en ausencia de ajustes, tienden a financiarse con endeudamiento.

En paralelo, el contexto financiero internacional muestra un aumento en el costo del crédito soberano. El índice EMBI, que mide el riesgo país, ha registrado incrementos para República Dominicana en lo que va de año, en contraste con la reducción observada en el promedio de América Latina. Esto implica condiciones menos favorables para acceder a financiamiento externo.

Experiencias en otras economías indican que, en contextos de choques externos, la sostenibilidad fiscal depende de la capacidad de ajustar el gasto y mejorar la eficiencia del uso de recursos. Cuando el gasto se concentra en subsidios generalizados, el impacto tiende a ser transitorio, mientras que las presiones sobre la deuda pueden prolongarse.

En este contexto, el informe plantea que la combinación de mayores subsidios, aumento de tarifas y posibles incrementos en la deuda configura un escenario en el que el ajuste recae, en última instancia, sobre los contribuyentes.