Redacción. El Gobierno de Estados Unidos instauró una nueva tarifa de detención de 5,000 dólares dirigida a los extranjeros clasificados como inadmisibles, medida que afectará a toda persona de 14 años o más que ingrese al país sin haber sido inspeccionada o admitida legalmente.

La disposición forma parte del proyecto legislativo One Big Beautiful Bill (OBBBA), recientemente aprobado, y establece que el pago será obligatorio e inmediato al momento de la detención, sin importar el punto de ingreso ni la etapa en la que se encuentre el proceso migratorio del individuo.

De acuerdo con el texto legal, la tarifa es definitiva y no apelable, y su incumplimiento generará “consecuencias financieras adicionales” para los afectados, aunque los mecanismos de cobro aún no han sido completamente detallados.

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana confirmó la medida este miércoles, aunque aclaró que los procedimientos de pago y aplicación serán definidos por el Departamento de Estado (DOS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las próximas semanas.

El monto de 5,000 dólares se aplicará sin excepción, incluso a solicitantes de asilo o protección humanitaria, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes, que advierten que la medida “impone una barrera económica imposible” para personas que huyen de la violencia o la pobreza extrema.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, presentó la propuesta a finales de septiembre como parte de una estrategia integral para desalentar la migración irregular.

Además de esta tarifa, el OBBBA introduce aumentos en los costos de visas, permisos de trabajo, solicitudes de asilo y apelaciones migratorias, bajo lo que el gobierno denomina una “tarifa de integridad”.

Medios internacionales como The Guardian destacan que la nueva estructura tarifaria busca reducir el flujo de migrantes y restringir el acceso a procesos de protección humanitaria, incluso en casos donde el derecho internacional exige su consideración.

La medida, ya incorporada a la ley, entrará en vigor tras la definición de los mecanismos administrativos por parte del DHS, ICE y USCIS, lo que marcará un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria estadounidense.