Caracas (EFE). El Helicoide, una estructura ubicada en Caracas construida en la década de 1950 y utilizada durante años como centro de detención de presos políticos, podría dejar de operar como cárcel y convertirse en un espacio social, cultural y deportivo, según anunció la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El edificio, concebido originalmente como un centro comercial de diseño futurista en forma de hélice, alberga actualmente dependencias de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Foro Penal, han denunciado que en este lugar han sido recluidas cientos de personas por motivos políticos.

El Helicoide ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como escenario de graves violaciones a los derechos humanos. Informes de la Organización de las Naciones Unidas han documentado la existencia de salas de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia. Entre los casos más emblemáticos figuran los del concejal opositor Fernando Albán, fallecido en 2018, y el general retirado Raúl Isaías Baduel, muerto en 2021 mientras permanecía detenido.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha incrementado notablemente sus referencias a El Helicoide en sus informes más recientes, señalándolo como un símbolo del uso de la represión para generar temor y silenciar la disidencia política en Venezuela.

El anuncio sobre el posible cierre de esta prisión se produce tras recientes excarcelaciones de detenidos políticos y en el marco de una propuesta de ley de amnistía general, impulsada por Rodríguez, que abarcaría hechos de violencia política ocurridos desde 1999 hasta la actualidad. La mandataria indicó que la iniciativa busca reparar heridas, reencauzar la justicia y promover la convivencia entre los venezolanos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que una eventual amnistía no debe interpretarse como un perdón, sino como el reconocimiento de que muchas de las personas encarceladas lo fueron de manera arbitraria.

De acuerdo con Foro Penal, hasta finales de enero se había confirmado la liberación de más de 300 personas, aunque el país aún registra más de 700 presos políticos.