El Estado dominicano desembolsó RD$9,781 millones por sentencias en contra, principalmente por indemnizaciones laborales y pagos por daños y perjuicios, con un pico en 2020 impulsado por procesos de expropiación. Son pagos obligatorios ordenados por tribunales, con impacto directo en el presupuesto público y alta variabilidad anual.

De acuerdo con el Informe de Riesgos Fiscales I – Septiembre 2025 del Ministerio de Hacienda y Economía, estos fallos judiciales son considerados contingencias fiscales explícitas porque derivan de leyes, contratos o decisiones administrativas. “La ejecución de estos pagos presenta una alta volatilidad y dificultad para su estimación”, establece el documento.

¿Quiénes han pagado más?

Los ministerios con mayores desembolsos acumulados son:

• Hacienda y Economía
• Obras Públicas
• Agricultura
• Defensa
• Salud Pública
• Interior y Policía

La Ley de Fondos Públicos 86-11 determina que cada institución condenada debe pagar con su propio presupuesto, lo que impide un registro centralizado o prevención presupuestaria anticipada.

Sin base de datos unificada

El Estado no cuenta con un sistema consolidado que registre demandas activas, montos potenciales o probabilidades de perder casos. Esta falta de información impide cuantificar con precisión el pasivo judicial futuro.

El informe señala como desafío principal:

“No existe un sistema de información consolidado de las demandas judiciales que llevan las entidades públicas en el país, lo que imposibilita la obtención de datos para analizar y prevenir este riesgo”.

Entre las buenas prácticas internacionales se incluyen:

Bases de datos centralizadas de litigios
Clasificación por probabilidad de fallo adverso
Modelos de valoración de pasivos contingentes

Pero estas herramientas aún no están implementadas en RD.

Arbitraje internacional: menos impacto fiscal

En el ámbito internacional, el país acumula casos arbitrales —principalmente en el CIADI y la Corte Permanente de Arbitraje— pero con mejor desempeño:

• Pasivo contingente estimado 2025: RD$24 millones
• Solo 11% corresponde a obligaciones ya confirmadas
• La mayoría de los laudos han sido favorables al Estado
• Cuando pierde, los montos pagados han sido menores a los reclamados

Lo que viene

El Gobierno proyecta:

• Crear un levantamiento nacional de demandas activas
• Diseñar herramientas de medición de pasivos judiciales
• Cuantificar y clasificar riesgos para anticipar pagos