El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento histórico en la recompensa por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevándola de US$25 millones a US$50 millones. Esta cifra sin precedentes lo coloca como uno de los mayores narcotraficantes del mundo según las autoridades estadounidenses, que le atribuyen la coordinación de vastas operaciones de narcotráfico vinculadas con grupos criminales y terroristas regionales. El anuncio, hecho por la fiscal general Pam Bondi, se da en medio de una relación tensa y contradictoria entre Washington y Caracas, marcada por sanciones, licencias petroleras y negociaciones diplomáticas.

Recompensa histórica y acusaciones contra el presidente venezolano

Pam Bondi afirmó que Nicolás Maduro está “directamente vinculado” al tráfico de drogas que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, señalando que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína relacionadas con el mandatario y sus aliados, incluyendo casi siete toneladas vinculadas directamente a Maduro. La fiscal calificó al presidente venezolano como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”, responsabilizándolo de usar grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para introducir drogas, incluyendo fentanilo, en territorio estadounidense.

El monto ofrecido por la captura de Maduro supera a recompensas históricas como la de Osama Bin Laden y los hijos de Saddam Hussein, lo que subraya la gravedad con que Washington ve la amenaza que representa el líder venezolano.

Contexto político

El anuncio se produce en un contexto político complejo. A pesar de la presión estadounidense, recientemente la administración Trump revirtió una decisión previa y restableció una licencia petrolera a Chevron para operar en Venezuela. Esta flexibilización coincidió con un acuerdo que permitió la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas a cambio de migrantes venezolanos deportados desde El Salvador, reflejando una estrategia de “palo y zanahoria” en la relación bilateral.

Esta dualidad evidencia un equilibrio entre la presión política y la búsqueda de canales diplomáticos, mientras EE.UU. mantiene firme su acusación contra Maduro y su régimen por narcotráfico y corrupción.

Las autoridades estadounidenses señalan que Maduro se apoya en organizaciones criminales como el Cartel de los Soles, una red interna del régimen chavista integrada por altos funcionarios y militares que facilita el tráfico de drogas a través del territorio venezolano. Además, se le vincula con grupos terroristas como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista por la administración Trump.

En junio pasado, Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar y conocido como “El Pollo”, se declaró culpable en EE.UU. por narcotráfico y narcoterrorismo, reforzando las sospechas de una red criminal estructurada dentro del gobierno venezolano.

Reacción venezolana: rechazo, propaganda y desmentidos oficiales

El gobierno venezolano rechazó categóricamente las acusaciones. El canciller Yván Gil calificó la medida como “patética” y parte de una “operación de propaganda política” para distraer la atención pública de problemas internos en EE.UU., como el caso Epstein. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también negó vínculos con narcotráfico, calificando al “Cartel de los Soles” como un “invento” de Washington.

Estas reacciones reflejan la persistente confrontación entre ambos países, donde las acusaciones y sanciones se cruzan con intentos de diálogo y acuerdos puntuales.

El aumento a US$50 millones en la recompensa por la captura de Nicolás Maduro representa un escalamiento significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, enmarcado en acusaciones de narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional. Mientras Washington endurece sus medidas, Caracas responde con desmentidos y denuncias de propaganda, en un escenario complejo donde intereses geopolíticos, económicos y humanitarios se entrecruzan.

Como afirma la fiscal Bondi, “Maduro será responsable de sus despreciables crímenes”, una declaración que marca el tono de la política estadounidense y el futuro de las relaciones bilaterales en la región.