El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, planteó la necesidad de que el Poder Judicial avance más allá del discurso y la teoría en relación a la promoción de acuerdos en los procesos penales.

Durante una rueda de prensa posterior a la audiencia de medidas de coerción del caso “Operación Lobo”, Camacho lamentó que desde los tribunales se emitan decisiones que, según dijo, desincentivan este tipo de mecanismos, pese a las constantes prédicas desde el Poder Judicial en favor de su aplicación.

“Desde el Poder Judicial se predica la necesidad de que haya más acuerdos, pero en la práctica se adoptan decisiones contradictorias que desmotivan su realización”, sostuvo y agregó que el Ministerio Público seguirá impulsando acuerdos en los casos donde exista colaboración con la justicia.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras conocerse la medida de coerción contra los militares y civiles implicados en una supuesta red de corrupción, cuyo proceso de investigación fue declarado complejo. Además, los diez imputados en el caso les fue dictada prisión preventiva.

En el expediente figuran acusaciones por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. La estructura corrupta habría operado en instituciones públicas como el Inaipi, Senasa y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur, mediante un alegado esquema de cobro de sobornos en contrataciones de seguridad.

El juez Rigoberto Sena dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país contra los imputados que no admitieron los cargos, entre los que se encuentran varios oficiales superiores retirados y activos. En tanto, a quienes admitieron su responsabilidad también se les impuso arresto domiciliario.

Finalmente, Camacho advirtió que la investigación no concluye con esta primera etapa y que el Ministerio Público se prepara para una posible ‘Operación Lobo 2.0”, dado que la magnitud del caso es mayor a la presentada hasta el momento.