El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. y desplegará 800 efectivos de la Guardia Nacional para “combatir el crimen” y “recuperar la capital”. La medida, enmarcada en la declaración de una “emergencia de crimen”, ha generado un choque frontal con las autoridades locales, quienes insisten en que la criminalidad está en su punto más bajo en tres décadas y califican la acción de “ilegal” e “innecesaria”.

Más allá de la noticia, el hecho es un nuevo episodio de la estrategia de mano dura de Trump en materia de seguridad, con un matiz político evidente: Washington D.C., como distrito federal, tiene un estatus especial que permite una intervención presidencial sin precedentes en su policía local, algo imposible de aplicar a los 50 estados.

El trasfondo legal: un vacío que Trump aprovecha

La intervención se sustenta en la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que habilita al presidente a tomar el control de la policía local en situaciones de emergencia. Sin embargo, según la alcaldesa Muriel Bowser y el fiscal general del Distrito, Brian Schwalb, esa condición no se cumple.

“No hay una emergencia de crimen en el Distrito de Columbia”, afirmó Schwalb, citando datos oficiales que muestran una reducción del 26% en delitos violentos en lo que va de año.

El punto polémico es que la ley fija un plazo de control máximo de 30 días, salvo aprobación del Congreso, algo que Trump no ha detallado cómo gestionará. Esto abre la puerta a una batalla política y legal que podría ir más allá del tema de la criminalidad.

Una ciudad con menos crimen, pero más soldados

Según las cifras policiales, homicidios, robos y allanamientos están a la baja. El año pasado, el crimen violento alcanzó su nivel más bajo en 30 años. Pese a esto, Trump plantea una operación con 500 agentes federales, 800 miembros de la Guardia Nacional y unidades del FBI, ATF, DEA y otros cuerpos.
El contraste es claro: mientras las autoridades locales defienden la mejora de la seguridad, el gobierno federal justifica la militarización como respuesta a un supuesto “desgobierno”.

Uno de los ejes del anuncio fue el desalojo masivo de campamentos de personas sin hogar. Trump prometió “lugares para quedarse, pero lejos de la capital”, sin especificar ubicación ni condiciones.
Activistas como Jesse Rabinowitz calificaron la medida de “fascista” y “desperdicio de recursos”, acusando a la administración de ignorar las causas estructurales de la falta de vivienda y priorizar medidas punitivas.

Implicaciones políticas: D.C. como tablero de poder

Washington D.C. ha sido históricamente un símbolo político, y su estatus de distrito federal le da a la Casa Blanca margen de maniobra que no existe en otros territorios. Trump ha sugerido en varias ocasiones devolver el control de la ciudad al gobierno federal, lo que implicaría derogar la Ley de Autonomía de 1973.
Bowser, defensora de la conversión de D.C. en estado, ve en esta intervención la prueba de que la falta de estatus estatal deja a la ciudad vulnerable a “caprichos presidenciales”.

El choque entre la narrativa presidencial de una ciudad “plagada de crimen” y las estadísticas oficiales que muestran una mejora sostenida expone una tensión de fondo: no se trata sólo de seguridad pública, sino de control político y simbólico sobre la capital de Estados Unidos. La militarización de Washington D.C., aun cuando las cifras no lo respaldan, abre un debate sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los gobiernos locales.

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