El caos del tránsito en el Gran Santo Domingo representa un costo económico de US$180 millones anuales, equivalentes al 0.67 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según reveló Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Urbana del Intrant. Este impacto trasciende los atascos cotidianos y pone en evidencia las consecuencias económicas, sociales y humanas de un sistema de movilidad urbana saturado y poco eficiente.

Durante una intervención pública, la funcionaria explicó que el 30 % del parque vehicular del país se concentra en el Distrito Nacional, una demarcación de apenas 91 kilómetros cuadrados que, sin embargo, registra más de un millón de viajes en horas pico. A nivel del Gran Santo Domingo, los desplazamientos diarios rondan los tres millones, de los cuales más del 42 % se realizan en vehículos particulares.

Las cifras reflejan una tendencia alarmante: la cantidad de vehículos en el país aumenta un 6 % cada año, cerrando 2022 con más de 5.4 millones de unidades, en su mayoría motocicletas (56.1 %), seguidas de automóviles y jeeps. Este crecimiento está íntimamente ligado al ascenso de los ingresos en los hogares y a la percepción del vehículo privado como símbolo de progreso y comodidad.

Calles saturadas y vidas en riesgo

Las principales arterias viales del Gran Santo Domingo, como la avenida 27 de Febrero, John F. Kennedy, el Malecón y la avenida México, operan al límite de su capacidad. El flujo vehicular, particularmente entre las 7:00 y 8:00 a. m. y las 4:00 y 7:00 p. m., provoca que muchos ciudadanos deban salir de sus casas desde las 5:00 de la mañana para llegar puntuales a sus trabajos.

Además del tiempo perdido, el impacto del congestionamiento se extiende a los servicios de emergencia. Solo en un año, el Sistema 9-1-1 recibió más de 35 mil llamadas relacionadas con incidentes de tránsito, lo que retrasa la atención en situaciones críticas. A esto se suman las alarmantes 3,000 muertes anuales por accidentes de tránsito, cifra que sitúa al país entre los cinco más letales del mundo en proporción a su población, según la OMS.

En el plano de las infracciones, la DIGESETT registró más de 2.4 millones de violaciones a la ley de tránsito entre 2018 y 2020, destacando el no uso del casco protector como la principal falta.

Impacto económico y medidas urgentes

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en 75 millones las horas perdidas anualmente en atascos en la capital dominicana, lo que representa un costo de aproximadamente US$500,000 diarios. Aunque esto apenas representa el 0.7 % del PIB local, evidencia una presión económica insostenible en una ciudad que busca posicionarse como hub regional.

Pese a la magnitud del problema, las autoridades no han detallado aún un plan concreto de soluciones. Alexandra Cedeño advirtió que las medidas necesarias para reorganizar el tránsito podrían ser “incómodas”, pero urgentes, ya que el sistema actual compromete la movilidad, la seguridad vial y la productividad nacional.

“El crecimiento del parque vehicular y la falta de cultura ciudadana nos están llevando a un punto crítico. Es hora de tomar decisiones valientes”, concluyó la directora del Intrant.