Anulan licitaciones en ayuntamiento de SDE y Jarabacoa tras detectar irregularidades en procesos de compras

Anulan licitaciones en ayuntamiento de SDE y Jarabacoa tras detectar irregularidades en procesos de compras

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) remitió formalmente ante la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA) dos resoluciones que documentan irregularidades graves en procedimientos de compras realizados por los ayuntamientos de Santo Domingo Este y el municipio de Jarabacoa.

Estas acciones forman parte de la vigilancia del órgano rector sobre el cumplimiento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

En el caso del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), la DGCP declaró la nulidad de un proceso para la compra de lámparas LED tras comprobar que el contrato fue adjudicado a una empresa cuya oferta superaba el monto de otros participantes. Según la entidad esta decisión ignora el criterio de «menor precio» establecido en la propia ficha técnica del proceso.

Además, la institución fiscalizadora verificó que el ayuntamiento no cargó los informes de evaluación económica en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), vulnerando los principios básicos de publicidad y transparencia.

Por su parte, el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa incurrió en violaciones sustanciales al realizar procesos de comparación de precios fuera del sistema oficial. Según la resolución de la DGCP, el cabildo de Jarabacoa no utilizó la plataforma del SECP para la remodelación de un centro comunal, a pesar de tener un usuario activo y la obligación legal de hacerlo. Esta omisión, sumada al incumplimiento de los plazos legales entre la convocatoria y la adjudicación, compromete la validez jurídica de la contratación.

Debido a la naturaleza de estos hallazgos, la DGCP notificó las resoluciones a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas (CC) para profundizar en las investigaciones. Asimismo, se ha solicitado a los cabildos identificar a los funcionarios responsables de estas gestiones para que se apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes, reafirmando que todo proceso administrativo debe regirse por el debido proceso y el interés general.