Santo Domingo. DN: La Corte de Apelación del Distrito Nacional comenzará a revisar la próxima semana las medidas coercitivas impuestas a varios de los imputados en el escándalo de presunta corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La Segunda Sala Penal del tribunal de alzada programó para el martes 20 de enero, a las 10:00 de la mañana, la audiencia en la que conocerá los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim y otros seis acusados, quienes buscan dejar sin efecto la decisión que les impuso 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.

La fijación de la audiencia se produjo luego de que la Corte admitiera los recursos presentados por la defensa, encabezada por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes sostienen que la medida adoptada por el juez de Atención Permanente fue desproporcionada.

Los recursos apuntan a revocar la decisión del juez Rigoberto Sena, quien ordenó el traslado de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y al penal de Najayo Mujeres, al considerar que existen suficientes elementos para mantenerlos privados de libertad mientras avanza la investigación.

Entre los detenidos figuran Santiago Hazim, exdirector del Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; así como Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En la misma jornada, la Corte también conocerá un recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández relacionado con los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica.

Según el Ministerio Público, la supuesta red operó entre los años 2020 y 2025, logrando desviar más de 15 mil millones de pesos del sistema público de riesgos de salud, mediante prácticas fraudulentas y el uso irregular de fondos estatales.

Las acusaciones incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos, entre otros delitos de alta gravedad.

La Procuraduría aseguró que el expediente continúa en fase activa y advirtió que la investigación no se limita a los arrestados hasta el momento, ya que otras personas y entidades siguen bajo escrutinio, lo que podría derivar en nuevas imputaciones conforme avancen las pesquisas.