Suprema Corte ratifica condena de 5 años a exdiputada del PRM por lavado de activos

Suprema Corte ratifica condena de 5 años a exdiputada del PRM por lavado de activos

El tribunal mantuvo la multa de 200 salarios mínimos y el decomiso de 13 inmuebles

Santo Domingo. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó este viernes la condena de cinco años de prisión contra la exdiputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, al rechazar en su totalidad el recurso de casación interpuesto por su defensa en el proceso por lavado de activos.

El fallo ratifica, además, el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público, en cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, así como el decomiso de 13 bienes inmuebles en la provincia de La Vega.

La exlegisladora había sido sentenciada en mayo de 2024 por la Segunda Sala Penal de la SCJ, que conoció el caso bajo jurisdicción privilegiada debido a su condición de diputada en funciones hasta agosto de ese mismo año.

El Pleno de la Suprema Corte rechazó los argumentos de la defensa, que atribuían las operaciones ilícitas a hechos posteriores a la deportación en 2009 de Pablo Antonio Martínez Javier, señalado por el Ministerio Público como líder de una red internacional de tráfico de éxtasis y vinculado a la familia Pilarte.

Según la sentencia, entre 2001 y 2021 Pilarte declaró ingresos por unos RD$16 millones, pero sus cuentas bancarias reflejaron movimientos por más de RD$4,400 millones, una diferencia incompatible con su actividad económica declarada.

La investigación estableció que múltiples inmuebles fueron adquiridos y transferidos a la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., con el fin de ocultar su origen ilícito.

El caso también involucra a su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y a sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, procesados en los tribunales de La Vega, donde un tribunal colegiado declaró extinguida la acción penal en su contra, decisión que fue recurrida por el Ministerio Público.