Barahona. Como una “variante perturbadora”, de “poco tino” y “falto de juicio”, califican el proyecto impulsado por El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), para cambiar radicalmente el programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual busca eliminar a los proveedores del alimento que se sirve en los centros educativos del país.

La afirmación la hacen la Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), Unión Nacional de Suplidores de Alimento Escolar (Unsae), Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina).

Así como la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de la República Dominicana (Asupliderd).       

Estas instituciones ven con mucha preocupación esta iniciativa de ley porque, aseguran, tiene un marcado interés de quebrar económicamente a miles de familias que consiguen su sustento de pequeñas empresas que suplen el almuerzo escolar en todo el territorio nacional.

Indican que muchos de sus miembros solicitan préstamos para poder establecer sus cocinas.

En este sentido, pregunta qué pasará con ellos en caso de prosperar la pieza legislativa, la cual, ya ha sido sancionada por la Cámara de Diputados y ahora reposa en el Senado.

Llaman un llamado al presidente Luis Abinader para que observe la pieza, en el caso de que sea sancionado favorablemente por la Cámara Alta.

Consideró que sería una situación que arruinaría a cientos de miles de familias que se sustentan de esta actividad económica. 

Sin embargo, estas entidades afirman que más que crear un proyecto de ley para eliminar a quienes por 15 años han sustentado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), toda iniciativa legislativa que deba promoverse debe estar orientada a fortalecer el mecanismo ya existente.

Fenafin, Unsae, Asodoina y Asupliderd, señalan que son quienes sustentan el PAE, un instrumento que ha generado toda una dinámica productiva económica en los territorios.

En este sentido, afirmó que intentar suplantar, más que contribuir a mejorar, lo que hace es llevar pobreza a propietarios de las cocinas industriales.

“Nosotros no nos oponemos a una mejora, a lo que nosotros sí nos oponemos es al intento de eliminarnos”, afirman.

De igual modo, señalan que durante estos 15 años han brindado un servicio de alimentación escolar de calidad, sus emprendimientos productivos.

Además, de que quienes laboran en las cocinas en el manejo de los alimentos se han capacitado para brindar alimentación de calidad al alumnado nacional.

Precisan que son cientos de miles los empleados, así como las microempresas que intervienen en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Advierten a las autoridades que de continuar adelante con la pieza legislativa saben qué ocurrirá en el país, sobre todo, en los territorios más pobres .

Señalan que en el caso de Barahona, se habla de unos 1,700 empleados y 110 Mipymes que suplen las materias primas.

En caso de aprobar el proyecto, afirmaron que no encontraría en donde conseguir el sustento de sus respectivas familias.

“si usted multiplica que individualmente de esos 1,700 empleados directos dependen 3 personas, hablamos de 5,100 en promedio e igual ocurriría con las Mipymes”, señalan.

Advierten que esperan que el proyecto de ley sea el resultado del consenso y no de la imposición.

Y se evalúen todas las variables, ya que toda iniciativa debe estar orientada a proteger, no a lo contrario.