Santo Domingo. – Dieciocho años después de la desaparición de una avioneta que salió desde Santiago con once dominicanos a bordo, las preguntas siguen siendo más grandes que las respuestas. No hubo cuerpos. No hubo restos confirmados. No hubo informe técnico concluyente. Y tampoco responsables sometidos a la justicia.

Lo único que permanece intacto es la espera.

“Yo no he cambiado mi número de teléfono porque tengo la esperanza de que algún samaritano me llame y me diga algo de mi hijo”, dice Angela Amparo mientras conserva intacta la habitación de Omar Stanly Rojas, uno de los pasajeros desaparecidos. “Me moriré esperando… y nunca voy a apagar ese teléfono”.

La aeronave despegó el 15 de diciembre de 2008 desde el Aeropuerto Internacional del Cibao. El vuelo, según las investigaciones y testimonios recopilados, por el periódico Te lo explico News formaba parte de una estructura clandestina utilizada para trasladar personas fuera del país mediante rutas irregulares. Varias familias aseguran haber pagado entre 15 mil y 18 mil dólares con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Una promesa de salida

Para muchos de los pasajeros, el viaje representaba la posibilidad de escapar de las limitaciones económicas y comenzar una nueva vida.

Omar Stanly Rojas tenía 29 años, estudiaba medicina y manejaba un negocio de pieles, según cuenta su madre. Había intentado obtener visa en varias ocasiones sin éxito. “Él quería expandirse como comerciante”, relata Angela Amparo. “Un amigo lo motivó y le dijeron que primero llegarían a Bahamas y luego a Nueva York”.

Rosa María Tavárez, madre de dos niños, también abordó la aeronave. Minutos antes de despegar llamó a su hermano Carlos Tavárez.

“Ella me dijo que no le gustaba lo que estaba pasando porque estaban montando sacos que hedían mucho”, recuerda. “Yo le dije que no se fuera, pero ya tenía miedo de retirarse porque estaban a punto de montarse y les iban a quitar los teléfonos”. Explicó Tavárez.

Otra de las madres entrevistadas, Regina Brito, asegura que primero intentaron sacar a su hija utilizando documentos fraudulentos. “Un agente le dijo en el aeropuerto: ‘No te apures, que Wilfredo te lleva por cualquier lado’”, afirma. Finalmente, dice, decidieron abordar la avioneta para no perder los 15 mil dólares entregados a la red que organizaba el viaje.

Las irregularidades del vuelo

A casi dos décadas del caso, uno de los elementos que más interrogantes genera es la forma en que la aeronave logró despegar.

Santiago Rosa, exsubdirector del entonces Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), sostiene que el piloto que figuraba oficialmente en el plan de vuelo no fue quien terminó realizando la operación.

“El nombre que aparecía era Julio Romero, piloto calificado para esa aeronave. Pero quien terminó ejecutando el vuelo fue Adriano de Jesús Jiménez”, explica. Según Rosa, Jiménez tenía restricciones para volar desde 2006.

Pedro Domínguez, entonces presidente de la Asociación Dominicana de Pilotos, asegura que el piloto operó la aeronave con una licencia de estudiante emitida en Estados Unidos. “¿Cómo pudo firmar un plan de vuelo con una licencia de estudiante?”, cuestiona.

Las autoridades aeronáuticas entrevistadas coinciden en que la operación logró aprovechar debilidades estructurales del sistema.

“El crimen normalmente se aprovecha de las debilidades que tiene el sistema”, afirma Santiago Rosa.

Treinta y cinco minutos

Según los registros citados por las autoridades, la aeronave solo estuvo en el aire durante 35 minutos antes de emitir una señal de emergencia.

Después, nada.

La investigación técnica quedó bajo jurisdicción internacional debido a la zona donde se produjo la alerta. Sin embargo, el caso nunca produjo un informe definitivo sobre un accidente aéreo.

“Cuando una aeronave cae en el mar siempre aparecen restos: aceite, plástico, partes del fuselaje”, explica el general Emmanuel Souffront, quien dirigía la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) en 2008. “Y nada de eso apareció”.

Pedro Domínguez va más lejos. Asegura que las autoridades británicas comunicaron a República Dominicana que no existían evidencias suficientes para concluir que el avión se hubiese accidentado.

“Para mí llegaron al destino y desde ahí fueron trasladados en alguna embarcación”, sostiene.

Esa hipótesis, sin embargo, nunca fue confirmada oficialmente.

Tampoco pudo verificarse otra versión que circuló durante años: que la aeronave habría sido vista posteriormente en Colombia.

Las familias que siguen esperando

Mientras las hipótesis se multiplican y las investigaciones permanecen inconclusas, las familias continúan atrapadas en un duelo suspendido.

“Mire, yo perdí mi mente por más de un año”, cuenta Regina Brito. “Bajé a 75 libras. Esto es mejor estar muerto que vivir con este dolor”.

Carlos Tavárez asegura que la desaparición destruyó emocionalmente a sus padres y dejó dos niños creciendo sin respuestas sobre el destino de su madre.

La incertidumbre se convirtió en una condena permanente.

“Cuando tú no sabes qué pasó, no encuentras cómo cerrar”, dice María Altagracia, hermana de una de las pasajeras desaparecidas.

El vacío institucional

Las familias y algunos de los entrevistados coinciden en otro punto: la sensación de que nunca existió una investigación completa sobre las redes que permitieron la salida del vuelo.

“Aquí estamos hablando de Migración, CESAC, DNCD, seguridad aeroportuaria y personal administrativo”, afirma el abogado Reemberto Pichardo. “Toda esa gente debió ser interrogada”.

Santiago Rosa reconoce que hubo suspensiones y medidas disciplinarias internas, aunque posteriormente varios empleados fueron desvinculados de responsabilidades directas.

Pero dieciocho años después, el expediente sigue rodeado de vacíos.

El Estado dominicano no cuenta con un informe técnico conclusivo sobre la desaparición de la aeronave N650LP y ninguna persona guarda prisión por el entramado de vuelos irregulares y documentos alterados vinculado al caso.

Mientras tanto, once familias continúan esperando una llamada que nunca llegó