El Gobierno dominicana presentó un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la producción nacional de arroz, en momentos en que crecen las preocupaciones tras la derogación del decreto 693-24, sobre aranceles a la importación.

Durante una reunión el Palacio Nacional, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro administrativo de la Presidencia Andrés Bautista, se anunciaron las medidas que incluyen, entre otras cosas, facilidades para el financiamiento y estímulos para la aumentar la producción local.

Las medidas

Entre las acciones destacadas figuran los subsidios para semillas certificadas y fertilizantes, el financiamiento a tasas preferenciales a través del Banco Agrícola, los seguros agropecuarios, el mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje y los programas de pignoración, mecanismos dirigidos a reducir riesgos y garantizar estabilidad en el sector.

Bautista explicó que el Gobierno ejecuta un plan plurianual de apoyo al sector arrocero, que incluye la creación de un fondo especializado, la ampliación de la certificación de semillas, el impulso a la investigación y mejoras en caminos rurales e infraestructuras agrícolas.

También subrayó la necesidad de revisar los mecanismos de comercialización para asegurar mayor transparencia en las condiciones de pesaje, tara y humedad, con atención especial a los pequeños y medianos productores.

La vicepresidenta Raquel Peña, por su parte, resaltó que estas medidas se complementan con los avances logrados en la producción nacional, que pasó de 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025, con una productividad de 5,477.75 kilogramos de arroz paddy por hectárea.

Asimismo, se destacó el desarrollo de nuevas variedades como LRC JUMA 69-20, LRC JUMA 70-22 y el potencial de la JUMA 71-25, tolerante a determinadas moléculas herbicidas y capaz de reducir costos de producción.

El ministro administrativo de la Presidencia afirmó que preservar la producción nacional de arroz significa proteger la seguridad alimentaria, respaldar la economía rural y contribuir al bienestar de miles de familias que dependen de este cultivo.

Antecedentes

El Decreto 693-24 fue una medida arancelaria emitida por el Gobierno dominicano para regular la importación de arroz y proteger a los productores locales ante el fin de la desgravación gradual del tratado DR-CAFTA.

Esta disposición fijaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos exentas de impuestos (arancel 0%), mientras que asignaba un arancel general del 20% dentro del contingente y gravaba con una tasa del 99% a las importaciones adicionales que excedieran dicha cuota.

El objetivo principal de esta normativa era salvaguardar la soberanía alimentaria y la estabilidad económica del sector arrocero nacional, impidiendo una entrada masiva de cereal subsidiado desde el exterior que pudiera desplazar la producción local.

Estas fueron las criticas a la derogación del decreto 693-24

Competencia desleal: Al reducir o eliminar los aranceles de entrada para el arroz extranjero —proveniente en muchos casos de mercados con subsidios masivos—, el producto importado ingresa con precios significativamente más bajos.

Golpe a la producción local: Los productores nacionales advierten que resulta imposible competir en igualdad de condiciones debido a los elevados costos directos de producción local (fertilizantes, mano de obra, combustible e insumos).

Riesgo para el empleo y la economía rural: Diversos gremios alertan que permitir la entrada masiva de arroz sin la protección arancelaria que existía amenaza con llevar a la quiebra a miles de cosecheros y dejar desprotegidas las economías de las provincias arroceras.

Ante la creciente presión social y de los gremios del campo, el encuentro convocado para esta mañana en el Palacio Nacional busca llevar tranquilidad a los sectores productivos y esclarecer el rumbo que tomará la política agrícola nacional