Santo Domingo. Una organización criminal que, según las autoridades, se hacía pasar por integrantes del Cartel de Sinaloa para amenazar y extorsionar a ciudadanos en Estados Unidos fue desmantelada este martes durante la Operación XL526, desplegada por el Ministerio Público en Santiago y Puerto Plata.

La investigación establece que la estructura utilizaba llamadas, mensajes y herramientas tecnológicas para intimidar a sus víctimas, a quienes enviaban imágenes de crímenes violentos y amenazas atribuidas a supuestos miembros de la organización criminal mexicana, con el objetivo de exigirles dinero bajo coacción.

Como resultado de la operación fueron arrestadas unas 20 personas, incluyendo a cinco señalados como cabecillas de la red. En total, las autoridades ejecutaron 28 allanamientos con la participación de 35 fiscales y el apoyo de distintas agencias nacionales e internacionales.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, y estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés que utilizaban anuncios publicitarios y plataformas digitales para captar potenciales víctimas en territorio estadounidense.

Las autoridades sostienen que, una vez establecían contacto, los integrantes de la red seguían guiones previamente diseñados para someter a las víctimas a esquemas de extorsión y chantaje. La estrategia incluía hacerse pasar por miembros del denominado Cartel de Sinaloa y enviar contenido gráfico de extrema violencia para generar miedo y obligar a las personas a realizar pagos.

Según la investigación, los fondos obtenidos eran posteriormente movilizados mediante criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras y otras modalidades financieras destinadas a dificultar el rastreo del dinero y ocultar su origen ilícito.

Entre los detenidos figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, identificados por las autoridades como los principales cabecillas de la estructura.

El Ministerio Público indicó que los imputados serán sometidos a la justicia por presuntos delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.

Las autoridades también señalaron que las amenazas utilizadas por la red provocaron graves afectaciones psicológicas en las víctimas y sus familiares, al generar temor, angustia y una significativa alteración de su estabilidad emocional.