Santo Domingo. Participación Ciudadana expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza Altagracia Ramírez de dictar un auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo en caso de corrupción administrativa que también involucra a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros imputados.

En su Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, la organización cívica sostiene que la decisión se fundamentó en que el Ministerio Público no logró establecer una relación suficiente entre los presuntos fondos ilícitos obtenidos por la supuesta estructura criminal y los recursos recibidos por Castillo durante la campaña presidencial de 2020.

La magistrada argumentó que, en su condición de candidato presidencial, Gonzalo Castillo estaba legalmente facultado para recibir aportes económicos.

Ley de Partidos

En este sentido, lo que correspondía al MP era demostrar cuáles recursos tenían origen ilícito y diferenciarlos de los obtenidos conforme a la Ley de Partidos.

No obstante, Participación Ciudadana considera que ese razonamiento aplicó un estándar probatorio propio del juicio de fondo y no de la audiencia preliminar, etapa en la que, a su juicio, basta con verificar si existen elementos suficientes para que las pruebas sean debatidas ante un tribunal.

La entidad señala que el Ministerio Público presentó testimonios con los que buscaba demostrar la presunta vinculación de Castillo con fondos de origen ilícito.

Entre ellos menciona las declaraciones de Ramón Emilio Jiménez, alias «Mimilo», quien, según la acusación, afirmaría haber entregado dinero de manera personal al exfuncionario.

Asimismo,Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña corroboraron ese testimonio, además de choferes que presuntamente transportaban grandes sumas de dinero en efectivo hasta oficinas vinculadas a Gonzalo Castillo.

Para Participación Ciudadana, estos elementos constituían evidencia suficiente para que el exministro fuera enviado a juicio de fondo, donde correspondía valorar la credibilidad de los testigos y el conjunto de las pruebas bajo los principios de inmediación, contradicción y debido proceso.

La organización recordó que durante la audiencia preliminar no se reciben declaraciones testimoniales ni se realiza una valoración integral del acervo probatorio, por lo que entiende que la credibilidad de los testigos no debió ser anticipada en esa fase del proceso.

El informe también señala que el Ministerio Público anunció que apelará la decisión de no ha lugar, con el objetivo de que una instancia superior revise el fallo y determine si procede el envío de Gonzalo Castillo a juicio de fondo.