Santo Domingo. La República Dominicana incrementó en un 32 % su índice de desarrollo humano (IDH) entre 1990 y 2023, según el más reciente informe global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este avance coloca al país en la categoría de desarrollo humano alto, con un valor de 0,776 y en la posición 89 de 193 países evaluados.

No obstante, el organismo advirtió que, aunque las cifras son positivas en el plano agregado, persisten desigualdades estructurales que limitan el disfrute pleno y en condiciones igualitarias de este progreso.

El IDH ajustado por desigualdad muestra que República Dominicana perdió un 18,3 % de su potencial en 2023 debido a la distribución inequitativa del bienestar, aunque este porcentaje se encuentra por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe, que alcanza el 20,9 %.

El informe también señaló que el país logró entre 2010 y 2023 una reducción de la desigualdad a un ritmo de 1,7 % anual, superando el promedio regional de 1 %.

Asimismo, entre 2015 y 2024 el índice de Gini pasó de 0.445 a 0.386, reflejando una disminución sostenida en la brecha de ingresos. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un desafío significativo para el desarrollo nacional.

De acuerdo con la plataforma territorial del PNUD, entre 2010 y 2022 la República Dominicana perdió cerca del 22 % de su potencial de desarrollo humano debido a las disparidades regionales en el acceso a servicios de salud, educación y generación de ingresos.

Mientras la región Ozama (Distrito Nacional y Santo Domingo) registra un desarrollo humano alto, otras zonas presentan niveles medio alto, medio bajo o bajo, siendo las provincias fronterizas y la región Yuma a pesar de su dinamismo turístico las más rezagadas.

Ante este panorama, el PNUD recomendó al país traducir el crecimiento económico proyectado en bienestar para toda la población, fortaleciendo la planificación territorial, ampliando el acceso a servicios sociales básicos y promoviendo un trabajo decente y protegido.

También planteó la necesidad de impulsar la inversión en salud preventiva, mejorar la calidad educativa con enfoque territorial y de género, incorporar nuevas tecnologías, promover políticas fiscales progresivas y avanzar hacia una protección social universal y adaptativa que contribuya a reducir vulnerabilidades y desigualdades persistentes.