La Romana. Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana confirmó este viernes la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva impuesta a tres integrantes de una presunta red internacional de estafa electrónica y lavado de activos desarticulada durante la Operación Guepardo, ejecutada en febrero pasado.

La decisión fue adoptada por la magistrada Vicky Chalas, quien acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, respectivamente.

Los imputados a quienes se les ratificó la prisión preventiva son Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los cabecillas del entramado; Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, los primeros arrestados durante la operación.

Giroux cumple la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Nova Nolasco y Rodríguez de Moya guardan prisión en Najayo Mujeres, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con la investigación, la red habría captado más de 478 víctimas mediante la promoción fraudulenta de proyectos inmobiliarios a través de la marca RE/MAX, recaudando más de 18.8 millones de dólares (US$18,851,583.12) de inversionistas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Las autoridades han ocupado propiedades, vehículos de lujo y equipos electrónicos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, vinculados a la organización criminal.

El Ministerio Público imputa a los acusados por violar los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, así como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En tanto, Loany Ortiz, considerada la principal cabecilla junto a Giroux, continúa detenida en Bogotá, Colombia, a la espera de su extradición hacia República Dominicana.

Las investigaciones también han derivado en el arresto de Loana Paola Guerrero Milián, contable de la empresa Novasco Real Estate, SRL, y del abogado Javier Gustavo Ulloa Bueno, acusados de intimidar a las víctimas, así como de las denominadas masters brokers Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.

El Juzgado de Atención Permanente de La Romana aplazó para el 17 de octubre de 2025, a las 10:00 de la mañana, la audiencia donde se conocerá la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra estos últimos implicados, a fin de permitir la citación de víctimas y testigos.