La República Dominicana protege ya un cuarto de su territorio terrestre y un 10.8% de su espacio marino, según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), lo que coloca al país ante el desafío de cumplir con la meta global 30×30: conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas al año 2030. La nueva publicación Caracterización de Áreas Protegidas Terrestres: un análisis georreferenciado 2025 ofrece por primera vez una radiografía detallada de los ecosistemas dominicanos y de las presiones que enfrentan.

De los 48,198 km² de superficie terrestre, unos 12,338 km² están bajo alguna categoría oficial de conservación, es decir, parques nacionales, reservas científicas o refugios de vida silvestre. En el ámbito marino, se suman más de 46,000 km² protegidos, un 10.8% del total.

Esto implica que, al menos sobre el papel, una parte significativa de la geografía nacional está dedicada a la preservación de biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo, como reconoce el informe, estas áreas no están exentas de amenazas por la expansión urbana, la agricultura y la presión demográfica, que ya supera los 10.7 millones de habitantes, de acuerdo con el último censo.

Una radiografía técnica de los ecosistemas dominicanos

La publicación de la ONE incorpora datos georreferenciados sobre variables clave como altitud, pendiente, geomorfología y uso del suelo, lo que permite identificar con precisión cómo se distribuyen los ecosistemas del país: bosques, manglares, arrecifes coralinos, valles agrícolas y montañas.

Con la información cartográfica incluida, se puede visualizar en mapas detallados qué zonas ofrecen servicios ecosistémicos estratégicos, como regulación hídrica, captura de carbono y protección del suelo, y cuáles son más vulnerables a la degradación.

El reto: conservación versus desarrollo económico

El país se encuentra en una encrucijada: mantener su riqueza natural frente a la expansión urbana, el turismo masivo y la presión de actividades productivas. La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial reconoce la importancia de regular el uso del suelo, pero el informe de la ONE advierte que los cambios en la cobertura boscosa y agrícola han sido acelerados en las últimas décadas.

La meta 30×30, asumida en el marco del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, exige al Estado dominicano reforzar la vigilancia, gestión y restauración de áreas críticas, así como cumplir con su propia Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), que plantea proteger y usar de manera sostenible los bienes y servicios ecosistémicos.

La Caracterización de Áreas Protegidas Terrestres 2025 no solo describe dónde están los espacios protegidos, sino que ofrece una herramienta de planificación territorial para tomar decisiones en un contexto de cambio climático, urbanización acelerada y pérdida de biodiversidad.

Como señala la ONE, integrar datos geoespaciales con estadísticas ambientales permite anticipar riesgos, identificar zonas prioritarias para la conservación y orientar proyectos de desarrollo hacia un modelo más sostenible.

En resumen, el país ha avanzado, pero el verdadero desafío será garantizar que las áreas protegidas no sean solo una delimitación en los mapas, sino territorios efectivamente conservados y resilientes frente a la presión humana y climática.

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