A partir de hoy, la República Dominicana tiene un nuevo Código Penal, luego de 142 años de existencias de un marco jurídico, cuya modificación estuvo marcada por la polémica y división, tanto política como social.

La reforma, aprobada tras más de dos décadas de debates en el Congreso, introduce más de 70 nuevos delitos y eleva las penas máximas hasta 40 años de prisión, con posibilidad de alcanzar los 60 años, en casos de acumulación de infracciones.

Se trata de la transformación más profunda del sistema penal dominicano en más de un siglo, por lo que no tuvo exenta disputa.

Diversos sectores sociales cuestionaron artículos relacionados con la libertad de expresión y la proporcionalidad de las penas, mientras otros celebraron la incorporación de figuras delictivas modernas y la responsabilidad penal de las empresas, que comenzará a aplicarse en un plazo de tres meses.

El debate reflejó la tensión entre la necesidad de actualizar la legislación y las preocupaciones sobre derechos fundamentales.

El viejo Código Penal, promulgado en 1884 y basado en el modelo napoleónico de 1810, se mantuvo vigente por 142 años. Su antigüedad lo convirtió en un marco insuficiente para enfrentar delitos contemporáneos como el cibercrimen, la violencia digital o la corrupción compleja.

Durante décadas, juristas y legisladores señalaron la urgencia de una reforma que respondiera a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.

Entre las principales novedades del nuevo Código Penal se encuentran la tipificación del feminicidio, el sicariato, la desaparición forzada y los ataques con sustancias corrosivas, conocidos popularmente como “ácido del diablo”.

También se incluyen delitos vinculados al mundo digital, como el ciberacoso, el ciberbullying, la suplantación de identidad y la difusión de imágenes manipuladas con fines de chantaje.

Asimismo, se contemplan crímenes internacionales como genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, ampliando el alcance de la justicia dominicana.

La actualización coloca al país en sintonía con los tiempos actuales. El nuevo marco legal refuerza la protección contra la violencia de género, establece un registro de agresores sexuales y endurece las sanciones por corrupción administrativa y fraudes financieros.

Además, introduce modalidades de multas y sanciones adaptadas a delitos económicos e inmobiliarios, mientras que las instituciones judiciales y policiales han recibido capacitación durante el último año para aplicar correctamente las disposiciones.