Balance del Poder Judicial destaca reducción de retrasos, digitalización y mayor transparencia

Santo Domingo.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aseguró que en los últimos seis años el Poder Judicial logró eliminar una mora judicial equivalente a más de 40 años, como resultado de una serie de reformas estructurales, cambios normativos y una nueva disciplina de gestión orientada al cumplimiento de plazos.

El magistrado ofreció estas declaraciones durante la presentación de su balance institucional con motivo del Día del Poder Judicial, en el que expuso avances en eficiencia, acceso a la justicia, transparencia y confianza ciudadana.

Molina recordó que al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en 2019, el sistema judicial enfrentaba una situación crítica. De acuerdo con datos del Latinobarómetro, la confianza ciudadana en la justicia apenas alcanzaba el 21 %, mientras que el país retrocedía en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, cayendo del puesto 90 al 95.

Indicó que en la Suprema Corte nueve de cada diez casos tardaban más de un año en resolverse, con expedientes pendientes desde 1982 y demoras de hasta cinco años para fijar una primera audiencia. En los tribunales inferiores, la falta de estadísticas oportunas dificultaba medir la congestión real del sistema.

A esto se sumaba una alta carga administrativa, ya que cerca de la mitad de los más de 550,000 casos ingresados en 2019 correspondían a trámites no contenciosos, así como deficiencias en la coordinación penal, atención presencial obligatoria y servicios insuficientes para poblaciones vulnerables.

El presidente del alto tribunal señaló que erradicar la mora judicial fue definido como una prioridad institucional, al considerar que detrás de cada expediente existen personas, inversiones y derechos pendientes de respuesta.

Según los datos presentados, actualmente el 90 % de los casos de la Suprema Corte se resuelve en un año o menos. En materia penal, el 80 % de los procesos concluye en un plazo de tres meses, mientras que los casos de extradición se deciden en 24 horas.

En las áreas civil y comercial, el promedio de resolución es de 12 meses; y en inmobiliario, contencioso-administrativo, tributario y laboral, seis meses. Molina afirmó que estos resultados reflejan la eliminación de una mora estructural acumulada durante décadas.

A nivel nacional, el 87 % de las salas judiciales se encuentra al día, aunque reconoció que persisten desafíos en zonas de alta congestión, como el departamento judicial de Santo Domingo.

Molina atribuyó parte de los avances a cambios normativos aprobados por el Congreso Nacional, entre ellos las leyes que habilitan el uso de medios digitales en el Poder Judicial, el nuevo régimen del recurso de casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.

Asimismo, destacó la coordinación con otras instituciones, especialmente en el ámbito penal, donde se promovió una mayor utilización de acuerdos. Como ejemplo, citó un programa piloto en Hermanas Mirabal, donde los casos resueltos mediante acuerdos pasaron de 13 % a 75 % en el último trimestre del año.

La transformación digital fue presentada como otro de los pilares del proceso. Molina informó que más de 27,000 personas utilizan plataformas digitales para gestionar expedientes, participar en audiencias virtuales y realizar consultas desde cualquier lugar del país o del extranjero.

También anunció la apertura de seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que se logró cobertura nacional y una mejor atención a mujeres víctimas de violencia.

La ciudadanía puede acceder a herramientas como la JURISTECA, repositorio público de jurisprudencia, y LEIA, una asistente virtual de orientación judicial, como parte de un ecosistema digital que busca integrar servicios, estadísticas y seguimiento de casos en un solo punto.

El magistrado resaltó los avances en el Registro Inmobiliario, orientados a fortalecer la seguridad jurídica mediante alertas registrales e interoperabilidad con los tribunales.

En materia de infraestructura, indicó que el enfoque actual prioriza centros de servicios centrados en las personas. Destacó la puesta en marcha de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y anunció que para 2026 se prevé la entrega de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste y el inicio de la del Distrito Nacional.

Molina afirmó que la transparencia se consolidó como un eje transversal de la gestión, logrando por primera vez un 100 % en el índice de transparencia institucional.

Entre las medidas adoptadas mencionó la rendición oportuna de informes ante el Consejo Nacional de la Magistratura, la creación del Observatorio del Poder Judicial y la publicación en línea de más de 400,000 decisiones judiciales, lo que permite analizar criterios jurisprudenciales y fortalecer la seguridad jurídica.

De acuerdo con el presidente de la Suprema Corte, estos avances se reflejaron en un aumento significativo de la confianza ciudadana, que según el Latinobarómetro se duplicó desde 2019.

Además, la República Dominicana fue el país con mayor avance en el Índice Global de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, escalando 20 posiciones en comparación con 2019.

Como proyección, Molina presentó el Plan Justicia del Futuro 2034, una hoja de ruta orientada a consolidar los logros alcanzados y enfrentar los desafíos pendientes, con metas como una justicia sin mora, servicios totalmente digitales, eliminación de barreras de acceso y fortalecimiento de la carrera judicial.

El magistrado concluyó señalando que la transformación del sistema judicial es un proceso continuo y reiteró el compromiso del Poder Judicial con la independencia, el debido proceso y la dignidad humana.