El Ministerio Público puse en marcha este marte la “Operación Lobo”, que culminó con el arresto de 14 personas vinculadas a una presunta red criminal que obtenía y renovaba contratos de seguridad en instituciones públicas mediante el supuesto pago de sobornos.

La acción fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y se desplegó en 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en Santiago, con la participación de 26 fiscales y 189 agentes policiales.

Según informaron las autoridades, los implicados habrían afectado con sus maniobras ilícitas a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por la directora Milagros Ortiz Bosch, y desde entonces se ha profundizado bajo la supervisión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas estará depositando la solicitud de medida de coerción contra los detenidos.

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