El sector salud de la República Dominicana ha presentado un frente unificado ante el Congreso Nacional para solicitar formalmente la modificación del régimen de responsabilidad penal médica contenido en el nuevo Código Penal.

Instituciones de la trascendencia del Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Cirujanos, diversos gremios de enfermería y el Colegio de Odontólogos depositaron propuestas de reforma independientes ante la subcomisión legislativa.

El objetivo central de este bloque sectorial es establecer una frontera jurídica inequívoca y justa entre la negligencia médica punible y el error involuntario o las complicaciones científicas inevitables intrínsecas a cualquier acto médico.

Argumentos

Los profesionales de la medicina argumentan firmemente que la redacción vigente de la Ley núm. 74-25 criminaliza la práctica médica y fomenta la proliferación de la llamada “medicina defensiva”.

De acuerdo con los gremios, el temor a la persecución criminal está empujando a los especialistas a priorizar salvaguardas legales antes que la atención crítica e inmediata de los pacientes.

El Colegio Dominicano de Cirujanos advirtió de manera específica que esta distorsión jurídica no solo encarece los servicios de salud a nivel nacional,

Entre las demandas específicas plasmadas en los documentos de modificación, los sanitarios solicitan que la vía penal quede reservada única y exclusivamente para casos demostrados de dolo, abandono deliberado del paciente o negligencia temeraria manifiesta.

Para los errores humanos cometidos de buena fe en el ejercicio de sus funciones, proponen que la responsabilidad se canalice por la vía civil mediante indemnizaciones pecuniarias.

Con esta delimitación, el sector busca evitar que un profesional de la salud enfrente penas de prisión por variables biológicas o de fuerza mayor que escapan por completo a su control técnico y científico.

Asimismo, las propuestas del sector salud incluyen condicionar cualquier acción penal o medida de coerción por parte del Ministerio Público a un dictamen técnico pericial previo. Este filtro legal debería ser emitido por un cuerpo colegiado de médicos-legistas independientes que evalúe la praxis ejecutada antes de judicializar los casos.

En esa misma línea de protección operativa, el Colegio de Odontólogos pidió excluir expresamente del ámbito de persecución el uso legítimo de anestésicos y sedantes esenciales, mientras que la Asociación de Clínicas Privadas (ANDECLIP) y los gremios de enfermería coincidieron en que las deficiencias estructurales de equipos o insumos hospitalarios no deben imputarse jamás como negligencia del personal de turno.