El expediente acusatorio de SENASA 2.0 / COBRA 2.0 revela un presunto entramado de corrupción encabezado por empleados clave del Departamento de Autorizaciones Médicas. Entre los principales señalados figuran Ángel Luís Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, quienes habrían utilizado su conocimiento interno para coordinar una estafa continuada durante varios años.

El documento indica que el caso salió a la luz pública a finales de noviembre de 2024, cuando las autoridades del SENASA interpusieron formal denuncia ante el Ministerio Público tras recibir múltiples alertas sobre irregularidades masivas. A partir de ese momento, la PEPCA solicitó autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones telefónicas de los sospechosos. Las escuchas y transcripciones obtenidas y plasmadas en el expediente demostraron de manera irrefutable la complicidad, el reparto de tareas y la concertación dolosa entre los imputados.

Una de las pruebas más ilustrativas expuestas en la acusación se originó en una llamada interceptada el 4 de marzo de 2025 entre Ángel Luís Guzmán Vásquez y Starky Rodríguez Nova. En dicha conversación, Guzmán Vásquez alertaba con evidente nerviosismo a su compañero sobre la existencia de un reportaje y una investigación formal en el Ministerio Público relacionada con tres líneas telefónicas y un desfalco de 40 millones de pesos. Durante el diálogo, ambos debatían la posibilidad de cambiar de números telefónicos y consultaban la necesidad de buscar asesoría legal urgentemente para coordinar qué declarar ante las autoridades.

La acusacion sostiene que las auditorías financieras comprobaron una incompatibilidad absoluta entre los ingresos reportados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y los movimientos bancarios de los acusados. Guzmán Vásquez, por ejemplo, acumuló más de 4.3 millones de pesos en una sola cuenta, pese a registrar salarios modestos.

El expediente también señala el uso de familiares y parejas para movilizar el dinero sustraído, incluyendo a Adonay María Carrasco Heredia y Milagros Vásquez Gálvez, quienes recibían y reenviaban sumas millonarias para ocultar el origen ilícito.

Además, el INACIF determinó mediante peritajes caligráficos la falsificación sistemática de firmas en formularios médicos. V