Es la primera vez que envían a un exmandatario peruano a una prisión común en lugar de Barbadillo

Lima, Perú.- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue recluido este viernes en la prisión Ancón II, una cárcel común al norte de Lima, tras una decisión de la autoridad penitenciaria que anuló su internamiento en la prisión de Barbadillo, donde están otros tres exmandatarios de Perú, para cumplir con cinco meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción cometido antes de llegar al Ejecutivo.

A Vizcarra lo condujeron en una furgoneta blindada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto a un fuerte resguardo policial, desde el penal de Barbadillo, al este de Lima, hacia Ancón II, ubicado al norte de la capital, una semana después de que lo recluyeran por una decisión judicial.

Es la primera vez que envían a un exmandatario peruano a una prisión común en lugar de Barbadillo, que se creó en 2007 para albergar a Alberto Fujimori (1990-2000) y que ha acogido a los distintos expresidentes enviados a prisión preventiva o condenados a cárcel en los años posteriores. Actualmente están allí Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Vizcarra atribuye a una «decisión política» su traslado

Minutos antes de su traslado de prisión, Vizcarra atribuyó su cambio de cárcel a una «decisión política», en declaraciones a la emisora RPP desde la cárcel de Barbadillo.

El exmandatario explicó a la emisora RPP que, después de una semana recluido en Barbadillo, llegó una segunda junta de clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el pasado miércoles, y que desde ahí sintió «algo raro», que lo quieran clasificar nuevamente, en menos de una semana.

Sin embargo, «la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles, determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo y que, si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel».

«Entonces, desde el momento en que se toma otra decisión, no es motivo de la junta, sino que es una decisión de carácter político y de persecución», afirmó el exmandatario mediante un enlace telefónico.

Vizcarra señaló que el INPE depende del ministerio de Justicia y éste a su vez depende de la presidenta Dina Boluarte.

El anuncio del INPE

El Inpe, la oficina penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el jueves que había anulado la resolución que enviaba a Vizcarra a Barbadillo y este viernes informó que, tras una nueva evaluación, decidió mandarlo a una prisión común sin detallar los motivos.

De acuerdo a la entidad penitenciaria, a Vizcarra se le reclasificó a la cárcel de Lurigancho, una de las más pobladas de Latinoamérica, pero precisó que, por razones de seguridad, lo recluirían ahora en la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, que cuenta con instalaciones más modernas.

En los días previos se especulaba con que Vizcarra no debería estar en Barbadillo porque los delitos que se le imputan se cometieron presuntamente fuera del mandato presidencial, algo que también ocurrió en los casos como el de Humala, condenado en primera instancia por lavado de dinero al recibir aportes de Hugo Chávez y Odebrecht para sus campañas electorales.

Acusado de sobornos

Las autoridades recluyeron la semana pasada en prisión preventiva por cinco meses a Vizcarra, a la espera de que concluya el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.

Hasta ese momento Vizcarra había acudido a todas las citaciones de la Justicia a la vez que realizaba actividad proselitista con miras a las elecciones de 2026, donde figura entre las primeras opciones en intención de voto en varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones por parte del Congreso.

El exmandatario conserva una alta popularidad por haberse enfrentado durante su mandato presidencial contra las fuerzas conservadoras del Congreso, la mayoría de derechas, que se opusieron a la reforma política y judicial que buscaba impulsar desde el Palacio de Gobierno.

«El presidente del INPE y su ‘junta clasificadora’ tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad, denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables. Tortura psicológica. Persecución política», advirtió en la red social X el exministro Alejandro Salas, que actúa como portavoz de Vizcarra.

El rechazo frente al traslado de Vizcarra

El exdirector del Inpe y exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló en declaraciones al Canal N que esta decisión tomada contra Vizcarra «es una arbitrariedad y un despropósito».

«Me parece que no hay un elemento técnico y que entra ya un factor político», aseveró Pedraza, quien recordó que «la única razón por la que existe Barbadillo es que era imprescindible dotar a Fujimori de un espacio de garantice su seguridad por su condición de expresidente».

Para la familia del exgobernante, «se está consumando un atropello sin precedentes» en la nación suramericana, según comentó este viernes su hermano Mario Vizcarra.

El hermano del exmandatario declaró al Canal N que están en gestiones para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) «cómo en el Perú se violan los derechos de una manera flagrante».

Se estudiará la apelación de la defensa

Entretanto, un tribunal de apelaciones de Perú evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concedió el recurso de apelación y elevó el caso al Tribunal de Apelaciones, según informó la Corte Superior Nacional en su cuenta de la red social X.

La defensa citó varios errores de forma y fondo en la solicitud de prisión preventiva dictada contra el exmandatario, entre los cuales mencionó que se haya argumentado que no tiene arraigo familiar, pues tiene esposa y un hijo menor de edad que cursa estudios escolares. (EFE)