El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el Gobierno mantendrá abierta la discusión sobre una eventual reforma fiscal, pero no la someterá sin consenso social. En el marco de la Rendición de Cuentas del presidente Luis Abinader en 2026, el funcionario sostuvo que la prioridad ha sido recuperar la economía tras un período de desaceleración y choques externos, en un contexto de déficit estructural promedio de 3 % del PIB durante los últimos 30 años.

“Fue un año de desaceleración económica, pero a pesar de eso terminamos creciendo similar al promedio regional que de acuerdo al Banco Mundial fue de 2.2”, declaró Díaz en Noticias SIN. Agregó que, aunque el ritmo de crecimiento bajó, “eso no significa que entramos en una recesión” y aseguró que la economía generó más de 100,000 empleos.

Inversión pública y regla fiscal

El ministro indicó que la inversión pública aumentó y que desde agosto “se duplicó la ejecución”, al pasar de alrededor de RD$10,000 millones mensuales a más de RD$20,000 millones. La ejecución de la inversión cerró en 2.6 % del PIB en 2025, frente a 2.4 % el año anterior y 2.2 % presupuestado inicialmente.

Según explicó, el aumento de la inversión se logró reduciendo el gasto corriente. “El año pasado el gasto público total bajó (…) porque bajamos el gasto corriente respecto al año anterior para poder acomodar en casi 0.5 % del PIB”, señaló. Esa reasignación permitió crear espacio fiscal para el gasto de capital, que supera los RD$40,000 millones adicionales.

Díaz también destacó la implementación de una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto primario sin intereses. “El gobierno se amarró con una de las reglas fiscales más fuerte que hay en el mundo”, afirmó, al señalar que el presupuesto actual cumple con ese tope legal.

Deuda, inflación y sector externo

En el plano macroeconómico, el ministro indicó que la deuda pública consolidada bajó de 69 % del PIB durante la pandemia a 58 %, lo que, según dijo, convierte al país en “el único país de América Latina que la deuda pública ha bajado 10 puntos del PIB” tras el COVID-19.

También mencionó que las exportaciones alcanzaron casi US$16,000 millones, que las remesas se sitúan cerca de US$1,000 millones mensuales y que el turismo mantuvo su crecimiento. En cuanto a la inflación, señaló que se mantuvo dentro del rango meta y que “el salario real aumentó mucho más que la inflación”.

Reforma fiscal: abierta, pero condicionada

Sobre una eventual reforma fiscal en 2026, Díaz reiteró que el país arrastra un déficit estructural histórico. “El país tiene 30 años y los últimos seis presidentes con un déficit promedio de 3 % del PIB (…) es un déficit totalmente estructural”, sostuvo.

Sin embargo, explicó que el año anterior se optó por no impulsar una reforma tributaria para no afectar la recuperación económica. “Mi prioridad como ministro de Hacienda era recuperar la economía, por eso fuimos prudentes en no someter una reforma de aumentar los ingresos”, indicó.

El funcionario afirmó que el Gobierno está dispuesto a consensuar cambios que incluyan eliminación de impuestos distorsionadores y medidas de facilitación, pero insistió en que cualquier propuesta debe contar con respaldo social. Recordó que en América Latina, desde 2021, diez países han intentado reformas tributarias y ocho no lograron aprobarlas.

Subsidios y contexto internacional

Díaz defendió la permanencia de ciertos subsidios, como el eléctrico, cuyo déficit, según explicó, ronda 1.3 % del PIB, en línea con el promedio de los últimos 15 o 20 años. “Hay subsidios que son necesarios”, expresó, aunque señaló que el Gobierno trabaja en mejorar la focalización, incluyendo el subsidio a los combustibles.

El ministro enmarcó las decisiones fiscales en un contexto de crisis sucesivas: pandemia, aumento de precios internacionales, guerra en Europa y cambios en la política comercial de Estados Unidos. Afirmó que, pese a ese entorno, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, con déficit fiscal “razonable” y deuda en descenso.

En conjunto, las declaraciones delinean una estrategia centrada en mantener la disciplina fiscal, aumentar la inversión pública y posponer una reforma tributaria hasta lograr consenso, en un escenario donde el déficit estructural continúa siendo uno de los principales desafíos de las finanzas públicas.