Santo Domingo.-Tras la aprobación de la Ley 30-26 de medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, el país mantiene vigente una nueva amnistía fiscal hasta diciembre, que se convierte en la número cuatro en los últimos seis años de gestión gubernamental.

De acuerdo con el economista Richard Medina, esta frecuencia de amnistías genera preocupación dentro del sistema tributario, debido a que existe una desconformidad en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por parte de contribuyentes que mantienen atrasos en sus pagos.

Según explicó, estas medidas suelen favorecer a quienes han acumulado deudas fiscales, permitiéndoles regularizar su situación pagando menos, especialmente en casos donde la falta de cumplimiento está asociada a dificultades económicas.

Sin embargo, advirtió que este tipo de políticas termina impactando de manera negativa a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones a tiempo, ya que perciben una desventaja frente a quienes se acogen a estas facilidades.

Amnistías frecuentes y efecto en los contribuyentes cumplidores

El economista señaló que la implementación de cuatro amnistías en seis años envía una señal que puede afectar la cultura de pago, ya que incentiva la idea de que eventualmente habrá nuevas facilidades para ponerse al día.

A su juicio, lo más adecuado sería que este tipo de medidas se apliquen de manera más espaciada, por ejemplo, cada ocho o diez años, como ocurría en el pasado, para evitar distorsiones en el sistema tributario y no afectar a quienes cumplen puntualmente.

El Estado debió priorizar el gasto público

Medina también consideró que, antes de implementar medidas que implican mayor carga o ajustes fiscales, el Gobierno debió enfocarse en una reducción del gasto público.

Sostuvo que no es conveniente trasladar mayores sacrificios a la población y al sector productivo sin antes revisar la eficiencia del gasto estatal, especialmente en un contexto económico complejo.

Puntos críticos que no fueron incluidos en la reforma

Entre los elementos más sensibles que quedaron fuera de la reforma se encuentran propuestas como la ampliación de impuestos a bienes de consumo básico, el incremento del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) y la eliminación de incentivos fiscales en sectores productivos.

Estos puntos habían generado preocupación por su posible impacto directo en la clase media y los sectores de menores ingresos, por lo que su exclusión fue vista como un alivio parcial dentro del debate.

Medidas positivas incluidas en la reforma

No obstante, la reforma también incorpora aspectos considerados favorables, como la eliminación del anticipo para microempresas, así como ajustes en el impuesto sobre la renta para asalariados.

Asimismo, se destacan reducciones en impuestos relacionados con transferencias de bienes entre padres e hijos.