Santo Domingo. – La sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la reducción de los límites del Parque Nacional Jaragua puso en la palestra la empresa Inversiones del Sur y a la familia Gadala-María Nasser, por reclamaciones de propiedad sobre terrenos que fueron incluidos dentro del área protegida.

Este conflicto nace con la Ley 266-04, promulgada por el expresidente Hipólito Mejía cuatro días antes de concluir su mandato, mediante la cual se creó el Polo Turístico de la Región Suroeste que abarca la costa desde la bahía de Neiba hasta la frontera con Haití, incluyendo el litoral marino del Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas.

El problema es que dicha ley incorporó terrenos que ya habían sido declarados área protegida mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, firmada también por Mejía dos meses antes. Amparada en ese marco legal, Inversiones del Sur acudió al TSA reclamando derechos de propiedad sobre terrenos que se superponen con el parque nacional.

La empresa presentó cuatro títulos de propiedad que, según su alegato, cubren una superficie de 12,577,201.82 metros cuadrados dentro del área protegida. 

El TSA ordenó al Ministerio de Medio Ambiente actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas de la Región Sur, lo que implica modificar los límites del Parque Nacional Jaragua y excluir su franja marítima, abriendo la posibilidad de un uso empresarial de estos terrenos.

Inversiones del Sur es gestionada por Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, sucesor de Elías Gadala-María, cuyas propiedades fueron confiscadas por el Estado tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, al ser señalado formalmente como testaferro del régimen.

Elías Gadala-María mantuvo durante años litigios judiciales para impugnar dichas expropiaciones.

El ambientalista Luis Carvajal sostuvo que la sentencia del TSA no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de intentos de la familia Gadala-María Nasser y su empresa por consolidar reclamaciones sobre tierras públicas incluidas en áreas protegidas.

Ante el fallo, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que procederá legalmente para anular la sentencia que ordena reducir los límites del Parque Nacional Jaragua para permitir explotación turística.

Además expresaron que este fallo es improcedente debido a que un amparo de cumplimiento no es la vía legal para alterar los límites de un Parque Nacional.