Santo Domingo. Ángel Ramón de Jesús Martínez, conocido como Ángel Martínez y quien se ha autoproclamado detective, ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en distintas jurisdicciones del país, principalmente por querellas de difamación, injuria y amenazas.

A la fecha, las autoridades le han impuesto diversas medidas de coerción como garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica y colocación de grillete electrónico.

Arresto en Puerto Plata

La primera medida conocida a Martínez fue posterior a su arrestado a bordo del crucero MSC World America, atracado en el puerto Taino Bay de Puerto Plata. La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, le impuso presentación periódica e impedimento de salida del país.

La defensa del comunicador alegó que el arresto fue producto de una confusión y que el proceso está relacionado con una supuesta violación a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Su abogado, Carlos Manuel Mesa, dijo que apelará la medida, asegurando que el caso en cuestión ya había sido extinguido y se confundió con un expediente relacionado con el dirigente político Guido Gómez Mazara.

Caso Milagros De Camps

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impuso a Martínez una garantía económica de tres millones de pesos bajo contrato, además de impedimento de salida del país, como parte de una querella por difamación presentada por la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

Querella en Santiago

La jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien le ordenó impedimento de salida del país y colocación de un grillete electrónico.

Estas medidas preventivas están relacionadas a una investigación que aborda presuntas violaciones a los artículos 16, 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, referidas al chantaje, la difamación y la injuria pública por medios electrónicos, así como los artículos 307 y 400 del Código Penal Dominicano, que sancionan la amenaza y el chantaje, en perjuicio del querellante Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte.

“Procesos injustos”

Martínez ha calificado estos procesos como injustos y aseguró que se le está impidiendo ejercer libremente su derecho al tránsito dentro del país. “La República Dominicana me retiene dentro del territorio nacional, no puedo salir del país porque quieren atacarme. Tengo más de 55 años con la misma dirección y una oficina establecida desde hace 35 años”, expresó en una declaración luego de las primeras medidas coercitivas impuestas en su contra.

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