La trata de personas en la República Dominicana afecta a poblaciones nacionales y extranjeras dentro del país y también a dominicanos explotados en el exterior, de acuerdo con informes del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil recopilados en el Informe Anual sobre Trata de Personas 2025 y el Plan de Acción 2025-2026.

Un fenómeno con múltiples formas y víctimas

Los datos muestran que mujeres y niños dominicanos, especialmente de zonas empobrecidas, son explotados con fines sexuales tanto en territorio nacional como en el Caribe, América del Sur y Central, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Al mismo tiempo, niños sin hogar y niños haitianos figuran entre los grupos con mayor riesgo de trabajo forzoso, incluida la delincuencia forzada.

Los informes también documentan la explotación de personas mayores y personas con discapacidad en la mendicidad forzada, así como la presencia de víctimas extranjeras (principalmente de Haití, Colombia, China y otros países de América Latina y Asia) sometidas a explotación en la República Dominicana.

“La República Dominicana tiene la mayor población apátrida del hemisferio occidental”, señala el informe, al vincular esta condición con mayores niveles de vulnerabilidad frente a la trata.

Apatridia y migración: factores de riesgo persistentes

Aunque en 2014 se aprobó la Ley 169-14 para facilitar el acceso a la ciudadanía a personas apátridas, la aplicación deficiente ha dejado a más de 100,000 dominicanos de ascendencia haitiana sin documentación efectiva. Esta situación, según el informe, “los deja vulnerables a la explotación, incluida la trata”.

Los documentos también advierten sobre niños haitianos introducidos irregularmente al país como parte de rutas migratorias hacia terceros países, algunos de los cuales quedan sin acompañamiento en territorio dominicano, aumentando su exposición a redes de trata.

Sectores económicos y nuevas modalidades

Las investigaciones señalan indicios de trabajo forzoso en sectores como la agricultura, la construcción, el azúcar y los servicios, así como en actividades domésticas, venta ambulante y mendicidad. En el caso de la explotación sexual infantil, se identifica una mayor presencia en calles, parques y playas.

Las ONG atribuyen el aumento de víctimas infantiles “a la falta de regulaciones y de aplicación de la ley en la industria turística”. Además, los traficantes utilizan métodos más sofisticados para ocultar sus operaciones, como el uso de catálogos, apartamentos privados y hoteles de larga estancia.

Las redes sociales y la dark web se han convertido en herramientas clave para el reclutamiento y la comercialización de víctimas. El Gobierno informó que los traficantes emplean “anuncios de empleo falsos, relaciones románticas en línea y salas de chat” para captar y explotar a las personas.

Respuestas institucionales y retos identificados

El Gobierno reconoció una “falta generalizada de comprensión de la trata entre la población”, aunque observadores reportaron un mayor reconocimiento del problema entre autoridades civiles. Como respuesta, el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2025-2026 establece metas como la identificación proactiva de víctimas, la persecución penal de traficantes —incluidos funcionarios cómplices— y la ampliación de servicios especializados.

Entre las recomendaciones se incluye fortalecer la coordinación institucional, garantizar documentación a poblaciones elegibles y mejorar la atención a víctimas masculinas, femeninas y menores de edad, sin que sean penalizadas por delitos derivados directamente de su explotación.