Santo Domingo. DN: El Ministerio Público dio a conocer este jueves sus conclusiones finales en el juicio de fondo del caso Coral, en las que solicitó condenas severas contra los principales imputados, incluyendo penas de hasta 20 años de prisión, así como un tratamiento penal diferenciado para el acusado que colaboró con la investigación.

Durante la exposición ante el tribunal, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo que los procesados incurrieron en múltiples delitos graves, entre ellos violaciones constitucionales, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

En ese contexto, la fiscalía pidió imponer 20 años de cárcel y multas equivalentes a 400 salarios mínimos al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al exdirector del CESTUR Juan Carlos Torres Robiou, así como a Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.

Además de las penas privativas de libertad, el órgano acusador solicitó el decomiso de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades, vehículos y activos financieros, los cuales —según el expediente— fueron identificados mediante un amplio cúmulo de pruebas y deberían pasar a manos del Estado dominicano.

En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público requirió una condena reducida de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en atención a su cooperación efectiva y al suministro de información considerada determinante para desarticular la red investigada.

Mientras que para la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el órgano persecutor solicitó al tribunal 15 años de prisión.

La fiscalía planteó, además, que se compute el tiempo que Girón ha permanecido bajo arresto domiciliario, de modo que la pena pueda considerarse cumplida o, en su defecto, que el período restante sea ejecutado bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a condiciones como residir en un domicilio previamente autorizado, no portar armas de fuego y presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.