Santo Domingo. – Durante la continuación de la audiencia preliminar del caso Calamar, la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero presentó este jueves sus argumentos finales ante el tribunal, en los que afirmó que la acusación del Ministerio Público carece de fundamentos jurídicos y fácticos para el envío del proceso a juicio de fondo.

El abogado Eduardo Núñez sostuvo que existe una imposibilidad material de que Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan, al argumentar que los pagos cuestionados corresponden a obligaciones legales preexistentes del Estado, debidamente registradas en la contabilidad pública, sin margen de discrecionalidad, sin perjuicio al erario y sin que el exfuncionario obtuviera beneficio personal.

“El propio Estado acredita una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda. Donald Guerrero es inocente”, afirmó el jurista ante el tribunal.

La defensa solicitó la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de sus 559 anexos, al considerar que se trata de documentos producidos al margen de la ley y en violación del derecho de defensa consagrado en el artículo 69 de la Constitución.

Núñez aseguró que dichos informes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a una construcción deliberada para justificar decisiones administrativas y judiciales, sin permitir contradicción ni participación de las personas investigadas. Indicó que las auditorías realizadas entre 2021 y 2024 fueron atribuidas a una unidad que no existía legalmente en ese período.

La defensa también cuestionó el eje central de la acusación, señalando que el propio Estado dominicano certifica que los 21 mil millones de pesos que supuestamente habrían sido pagados de manera irregular permanecen en poder del Estado.

Según explicó Núñez, la totalidad de esos fondos se encuentra depositada en el Banco de Reservas, sin que exista evidencia de libramientos a contratistas ni salida de recursos del sistema estatal.

“La acusación habla de pagos, pero el Estado tiene el dinero. Eso debe quedar claro”, puntualizó.