El 49.07% de las denuncias por violencia intrafamiliar, de género y sexual registradas en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026 involucró a personas que ya no mantenían una relación sentimental con la víctima, según la Procuraduría General de la República.

El boletín también indica que el 71.07% de las víctimas fueron mujeres y que los agresores suelen pertenecer al círculo íntimo de la persona afectada. La mayoría de los hechos se produce en vínculos de pareja, y los conflictos tienden a agravarse después de la ruptura, lo que transforma la intimidad en un espacio de riesgo.

Entre enero y marzo, las fiscalías del país recibieron 17,552 denuncias por violencia de este tipo. La provincia de Santo Domingo encabezó la lista con 5,766 casos, una cifra destacada también por Listín Diario, que cita el boletín como señal de urgencia para la intervención estatal. Frente al resto de las demarcaciones, esta jurisdicción muestra una incidencia especialmente elevada.

La proporción de personas señaladas como responsables varió según el tipo de vínculo con la víctima: parejas actuales concentraron el 18.25% de las denuncias, mientras que conocidos representaron el 17.58%. Familiares directos, hijos y progenitores sumaron porcentajes menores, en tanto que los desconocidos apenas alcanzaron el 2.88%. El patrón dominante, según la Procuraduría, es la violencia ejercida por personas con lazos afectivos próximos, más que por extraños.

Nueve de cada 10 denuncias por violencia intrafamiliar y de género

El boletín detalla que el delito con mayor cantidad de denuncias fue la violencia intrafamiliar, con el 52.49% del total. Le siguieron la violencia de género (36.94%) y los delitos sexuales (10.57%). Así, el 89.43% de los casos registrados entre enero y marzo correspondió a episodios de violencia intrafamiliar o de género.

En términos de frecuencia semanal, el lunes fue el día con más denuncias (30.90%), seguido por el martes (20.07%). Los registros disminuyeron hacia el fin de semana, acumulando entre sábado y domingo menos del 11% de los casos. El análisis oficial interpreta que los hechos violentos se producen en mayor medida entre viernes y domingo, pero que las víctimas acuden a la justicia principalmente al inicio de la semana.

La mayoría de las agresiones denunciadas fueron cometidas por exparejas o personas cercanas, afectando principalmente a mujeres, y la provincia de Santo Domingo se ubicó como el principal foco de incidencia. El grueso de las denuncias se concentró en los dos primeros días hábiles, lo que sugiere que la demanda de atención judicial se intensifica tras el fin de semana.

En cuanto a la edad de quienes participan en estos hechos, tanto víctimas como agresores suelen estar entre los 18 y 35 años. Según la Procuraduría, este rango corresponde a una etapa donde predominan la formación de vínculos de pareja y una mayor interacción social, factores que coinciden con la prevalencia de los casos reportados.

Protección y marco legal vigente

Durante el mismo periodo, las autoridades emitieron 7,644 órdenes de protección provisionales para resguardar a las víctimas. De ese total, 2,730 llegaron a ser solicitadas ante el tribunal y 2,234 fueron finalmente otorgadas, según la Procuraduría General de la República.

La institución recordó que el marco legal que regula la materia se encuentra en el artículo 309 del Código Penal. El numeral 1 define la violencia contra la mujer como cualquier conducta, pública o privada, que cause daño físico, sexual o psicológico en razón de género, mediante fuerza física, intimidación o persecución.

Para el Ministerio Público, la violencia de género puede manifestarse en formas físicas, verbales o psicológicas. El numeral 2 del mismo artículo amplía la definición a la violencia doméstica e intrafamiliar, abarcando todo patrón de conducta que implique fuerza física, violencia psicológica o verbal, intimidación o persecución contra miembros de la familia, parejas actuales o anteriores, convivientes y personas con las que se haya tenido descendencia.

Las sanciones previstas incluyen penas de uno a cinco años de prisión, multas de 500 a 5,000 pesos y la obligación de restituir bienes destruidos o dañados, en caso de que corresponda. La Procuraduría insiste en que la intervención legal y la protección son herramientas clave para enfrentar un fenómeno que persiste en el entorno más cercano de las víctimas.