Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en combinación con el Ministerio Público, capturaron en Punta Cana al ciudadano español Jonathan Yera Pozo, requerido en su país por tráfico de drogas y lavado de activos, en una operación internacional denominada “Fast Lap” que contó con la cooperación de agencias de Europa y Estados Unidos.

El arresto se produjo durante un allanamiento en Punta Cana, provincia La Altagracia, atendiendo a una orden de la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición.

La operación internacional incluyó 38 allanamientos simultáneos en varios países, dirigidos a desmantelar una red criminal vinculada al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

Qué evidencias fueron ocupadas

Durante el registro del inmueble y vehículos inspeccionados, se incautaron: Teléfonos celulares, MacBook Air y varias tabletas.Tres billeteras frías para criptomonedas de la marca Ledger.

Además, siete relojes de lujo (Rolex, Hublot, Richard Mille, Apple Watch), joyas y piezas de alto valor.

Asimismo, se ocupó un vehículo Mercedes Benz GLS 580 4Matic, documentos de propiedad, contratos de préstamo e inmuebles, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y USD$11,500.00, así como RD$79,815.00 en efectivo.

Los delitos que se le imputan

Yera Pozo, de 41 años, es señalado como cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos, delitos considerados graves contra la salud pública y la seguridad financiera.

Según la UNODC, el tráfico de drogas mueve más de 300 mil millones de dólares al año, alimentando redes criminales y generando violencia. El lavado de activos, por su parte, permite que estas organizaciones legitimen ganancias ilícitas, afectando la estabilidad económica y debilitando instituciones.

El detenido se encuentra bajo control de las autoridades dominicanas para los trámites legales de extradición hacia España. Con esta captura, la República Dominicana reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad ciudadana.

La acción fue coordinada por el Ministerio Público y la DNCD, con el apoyo de la DEA, la Policía de España, la Guardia Civil (UCO), el Proyecto GDIN y Europol.