Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este jueves dos resoluciones que anulan adjudicaciones de uniformes, mochilas y kits escolares, tras confirmar una serie de irregularidades en los procesos de contratación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para el periodo escolar 2025-2027.

En el caso de la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0010, para mochilas y kits escolares, la DGCP detectó irregularidades en las evaluaciones técnicas y económicas, el criterio de adjudicación y el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

Entre los hallazgos figuran: documentación alterada o falsa presentada por proveedores, deficiencias en las visitas técnicas, peritos no designados formalmente, problemas en la evaluación de garantías e indicios de colusión y conflictos de interés.

Anulados y posibles sanciones

Como consecuencia, de los 151 proveedores adjudicados, el órgano rector anuló 18 contratos y ordenó la reevaluación de 25 oferentes, con visitas técnicas documentadas por peritos calificados y registros audiovisuales obligatorios.

También dispuso iniciar procedimientos sancionadores contra suplidores que entregaron documentación falsa.

En la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0008, destinada a la confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares, la DGCP determinó igualmente la adjudicación a proveedores con documentación falsa, vínculos entre sí y sospechas de colusión.

Además, señaló que el Comité de Compras del Inabie otorgó excepciones luego de la evaluación técnica en violación a la normativa y sin evidencias que respaldaran sus decisiones.

Mediante la resolución RIC-0114-2025, la DGCP anuló 21 adjudicaciones de un total de 209 proveedores y ordenó la reevaluación de 64 empresas, la cual deberá realizarse con peritos sin conflictos de interés y el uso obligatorio de cámaras corporales para documentar el proceso.

La institución también recomendó al Inabie sancionar a los miembros de su Comité de Compras y a los peritos responsables por las irregularidades y remitió ambos casos a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ProCompetencia, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y al Ministerio de Educación, para las investigaciones correspondientes.