Santo Domingo.– El abogado Yan Carlos Martínez sostuvo que el Estado dominicano también tiene responsabilidad en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, al señalar que varias instituciones públicas habrían fallado en su deber de supervisar las modificaciones estructurales realizadas en el establecimiento.

Martínez, quien representa a siete familiares y víctimas del derrumbe, explicó en una entrevista con Producciones Te Lo Explico que, aunque el proceso judicial se ha centrado principalmente en los propietarios del local, es necesario analizar la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso.

Según indicó, su equipo legal presentó una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo contra varias entidades estatales por presunta falta de fiscalización.

Entre las instituciones mencionadas por el jurista figuran la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor.

“El expediente indica que el ayuntamiento nunca supervisó, que Obras Públicas nunca supervisó y que ninguna de estas instituciones se presentó a verificar las modificaciones estructurales realizadas en el establecimiento”, afirmó el abogado.

Martínez aseguró que, según la documentación del caso, el local fue objeto de múltiples cambios estructurales a lo largo del tiempo, sin que se registrara una intervención efectiva de las autoridades encargadas de fiscalizar este tipo de edificaciones de uso público.

El jurista sostuvo que, conforme a las leyes que regulan sus competencias, estas instituciones tienen la obligación de supervisar las modificaciones estructurales en negocios abiertos al público, incluso cuando se trate de propiedades privadas.

“Es un problema no de falta de leyes, sino de falta de aplicación y de fiscalización. El rol del Estado es prevenir que estas cosas ocurran”, expresó.

En ese sentido, consideró que la tragedia no solo responde a una presunta negligencia de los propietarios, sino también a fallas institucionales acumuladas durante años. “Es un caso grave de negligencia de los propietarios, pero también de negligencia del Estado”, concluyó.