El 8 de abril de 2025 quedó marcado con uno de los episodios más trágicos ocurridos en la República Dominicana: el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de 230 muertos.

A un año de este suceso, el recuerdo de las víctimas convive con una realidad persistente en la que las iniciativas legislativas impulsadas ante las circunstancias de esta tragedia no han logrado traducirse en cambios concretos.

Del impacto inicial a una agenda sin resultados

Tras la tragedia, el Congreso Nacional registró una rápida respuesta de distintos legisladores, quienes depositaron propuestas dirigidas a reforzar la seguridad, prevenir riesgos y atender a los afectados.

Dentro de ese conjunto, el senador Rafael Barón Duluc presentó la Ley sobre el Uso y Protección de Instalaciones Críticas, una iniciativa destinada a reforzar la continuidad operativa de infraestructuras clave como hospitales, aeropuertos, sistemas eléctricos y redes de telecomunicaciones, la cual incorporaba mecanismos de identificación, monitoreo, resguardo y respuesta ante fallos, junto a planes de contingencia obligatorios.

En esa misma línea, el legislador impulsó otros proyectos complementarips enfocados en la seguridad de espacios de uso público, la reorganización de los protocolos de emergencia mediante sistemas de alerta temprana y la incorporación de la educación en prevención desde las escuelas, con la intención de construir una política integral de gestión de riesgos.

También el diputado Ramón Raposo sometió un proyecto que proponía la inspección y certificación técnica obligatoria de edificaciones de alta concurrencia, abarcando desde plazas comerciales hasta centros educativos, hospitales y establecimientos de entretenimiento.

La iniciativa planteaba evaluaciones periódicas y la colocación visible de certificaciones con códigos QR, lo que permitiría a los ciudadanos verificar el estado de seguridad de los espacios.

A su vez, el senador Pedro Tineo propuso la creación de un Sistema Nacional de Supervisión y Certificación de Obras con más de diez años de construcción, concebido como un mecanismo de evaluación continua bajo criterios de seguridad estructural, transparencia y rendición de cuentas.

En el plano social, el senador Omar Fernández presentó un proyecto enfocado en la protección de los menores que quedaron en condición de orfandad tras el hecho.

La propuesta contemplaba su reconocimiento como sujetos de protección prioritaria del Estado, con acceso garantizado a educación, programas sociales y procesos de adopción más ágiles, además de incluir medidas para personas con discapacidad que perdieron a sus cuidadores principales.

El componente simbólico también formó parte del debate legislativo, aunque sin resultados concretos.

El diputado Miguel Arredondo planteó la adquisición de los terrenos donde operaba la discoteca para convertirlos en un espacio de memoria histórica, cultural y educativa, en tanto la diputada Olfanny Méndez propuso declarar esos terrenos de utilidad pública con el objetivo de construir un monumento en honor a las víctimas, iniciativas que finalmente fueron retiradas.

A esto se sumó la propuesta del senador Aneudy Ortiz, quien buscaba instituir el 8 de abril como el “Día Nacional en Memoria de las Víctimas de Jet Set”, sin lograr avanzar en el proceso legislativo.

Propuestas que no avanzaron

A doce meses del suceso, el balance deja en evidencia una constante: la capacidad de reacción no estuvo acompañada de ejecución.

Las propuestas presentadas abordaban aspectos fundamentales como la prevención, la supervisión estructural y la atención social, sin embargo, su falta de avance mantiene intactas las debilidades que quedaron expuestas tras la tragedia.

El caso Jet Set no solo dejó una huella en la memoria colectiva, sino que también expuso la dificultad de transformar el impacto inmediato en reformas sostenibles, en un contexto en el que el país recuerda mientras una agenda legislativa nacida del dolor permanece, hasta ahora, sin materializarse.