Santo Domingo. La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud del mayor general Adán Cáceres Silvestre de desestimar el proceso penal en su contra y ratificó la decisión que ordena continuar el juicio por presunta corrupción administrativa.

El tribunal de alzada desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), que alegaba la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo.

La corte concluyó que no se verificaron los vicios denunciados y confirmó en todas sus partes la Resolución Penal núm. 249-02-2025-SRES-00089, emitida el 5 de agosto del pasado año por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La decisión fue adoptada por las juezas Isis Muñiz (presidenta), Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, quienes consideraron que el proceso no ha excedido los límites razonables establecidos por la jurisprudencia. La sentencia se apoyó en precedentes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que indican que para declarar la extinción de la acción penal deben ponderarse factores como la complejidad del caso, la carga del sistema judicial y los recursos interpuestos por las partes.

Cáceres Silvestre figura como principal acusado de encabezar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas que, según el Ministerio Público, operó entre 2012 y 2020 desviando más de RD$4,500 millones provenientes del CUSEP, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

El Ministerio Público solicitó el pasado 5 de febrero la imposición de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para Cáceres Silvestre, así como para los generales Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola. También pidió penas de cinco años de prisión contra otros implicados en el expediente, junto con sanciones económicas.

Con esta decisión, el tribunal deja abierta la continuación del juicio de fondo, uno de los procesos de corrupción administrativa de mayor alcance en los últimos años en la República Dominicana.