En medio de críticas y temores externados por varios sectores, tras la derogación del decreto 693-24, sobre aranceles a la importación de arroz, el gobierno dominicano dará este viernes una rueda de prensa, en la que ofrecerá detalles sobre medidas tomadas para proteger el sector.

Para ello, convocó a una rueda de prensas para la mañana de este viernes en el palacio presidencial, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, luego de los crecientes temores de que el sector arrocero nacional se vea afectado para la decisión de retirar aranceles al arroz importado.

La disposición ejecutiva, publicada la semana pasada, dispone el fin de los gravámenes al cereal de hasta un 99% a las importaciones, que sobrepasen el 20% ad valorem, algo que, según la administración Trump, violenta los acuerdos binacionales.

Sin embargo, esta decisión pudiera afectar a cerca de 30,000 productores locales, dispersos en 21 provincias del país y quienes tienen bajo su responsabilidad el abastecimiento nacional.

Decreto 693-24, un blindaje para la producción local

El Decreto 693-24 fue una medida arancelaria emitida por el Gobierno dominicano para regular la importación de arroz y proteger a los productores locales ante el fin de la desgravación gradual del tratado DR-CAFTA.

Esta disposición fijaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos exentas de impuestos (arancel 0%), mientras que asignaba un arancel general del 20% dentro del contingente y gravaba con una tasa del 99% a las importaciones adicionales que excedieran dicha cuota.

El objetivo principal de esta normativa era salvaguardar la soberanía alimentaria y la estabilidad económica del sector arrocero nacional, impidiendo una entrada masiva de cereal subsidiado desde el exterior que pudiera desplazar la producción local.

Pilares de la economía

El sector arrocero es una de las columnas vertebrales del aparato productivo y agrícola de la República Dominicana, garantizando la seguridad alimentaria de la nación y generando miles de empleos directos e indirectos en las zonas rurales.

Sin embargo, el panorama se tornó tenso tras la reciente decisión gubernamental de derogar la normativa que mantenía elevados los aranceles de importación al cereal, luego de que los Estados Unidos se quejaran públicamente, por presuntas violaciones al DR-Cafta.

Sin embargo, Washington impuso aranceles generales ascendentes al 12% a para productos importados desde la República Dominicana, como parte de las políticas económicas impuestas por la administración Trump.

La medida buscaba originalmente contrarrestar la inflación o ajustar los flujos comerciales, pero ha provocado un contundente rechazo entre productores, asociaciones agrícolas y diversos sectores económicos.

Críticas e impacto de la quita de aranceles

Las principales críticas contra la decisión oficial giran en torno a los siguientes puntos:

Competencia desleal: Al reducir o eliminar los aranceles de entrada para el arroz extranjero —proveniente en muchos casos de mercados con subsidios masivos—, el producto importado ingresa con precios significativamente más bajos.

Golpe a la producción local: Los productores nacionales advierten que resulta imposible competir en igualdad de condiciones debido a los elevados costos directos de producción local (fertilizantes, mano de obra, combustible e insumos).

Riesgo para el empleo y la economía rural: Diversos gremios alertan que permitir la entrada masiva de arroz sin la protección arancelaria que existía amenaza con llevar a la quiebra a miles de cosecheros y dejar desprotegidas las economías de las provincias arroceras.

Ante la creciente presión social y de los gremios del campo, el encuentro convocado para esta mañana en el Palacio Nacional busca llevar tranquilidad a los sectores productivos y esclarecer el rumbo que tomará la política agrícola nacional.