Santo Domingo. La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, calificó como una decisión que deja un “profundo sabor a injusticia” la medida de coerción dictada contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso de la discoteca Jet Set, que provocó la muerte de 235 personas, dejó más de 100 heridos y al menos 130 niños huérfanos.

La magistrada Fátima Veloz impuso impedimento de salida, presentación periódica y una fianza de 50 millones de pesos, decisión que crea preocupación e indignación en sectores del Ministerio Público, especialmente por la magnitud de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril.

“La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las víctimas”, afirmó Ramos en un pronunciamiento posterior al fallo.

Según la fiscal, el veredicto no solo representa un revés judicial, sino que “hiere la memoria de quienes ya no están y pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia”.

“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, sentenció Ramos.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, argumentando que fueron responsables directos de negligencias estructurales y administrativas que derivaron en el colapso del techo del popular centro nocturno.

La defensa de los hermanos Espaillat sostuvieron que contrataron personal técnico calificado y niegan cualquier responsabilidad penal.

A la salida de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo.

“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.

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