Ordenan reanudar el juicio contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), esposo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López

SANTO DOMINGO.– La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega dejó sin efecto la decisión que extinguía la acción penal contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), esposo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, y dispuso la continuación del juicio por presunto lavado de activos vinculados al narcotráfico.

El fallo responde a un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que había puesto fin al proceso. Con la nueva decisión, el expediente vuelve a etapa de juicio.

La impugnación fue depositada por la Fiscalía de La Vega, encabezada por su titular Aura Luz García Martínez, junto al fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, en contra de la Sentencia Núm. 212-03-2025-SSEN-00062, de fecha nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), emitida por el tribunal colegiado integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez.

Además de López Florencio, la decisión anulada beneficiaba a José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte y Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette S.R.L., Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L., Auto Crédito Selecto S.R.L. y Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L.

Por este mismo expediente fue condenada la esposa de López Florencio, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien actualmente cumple una pena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago.

La acusación
Según la acusación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Vega, la estructura habría operado un esquema de tráfico de sustancias controladas con alcance en Suramérica, Estados Unidos y Europa.

El expediente sostiene que la red movilizó en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos de origen ilícito, utilizando mecanismos para dar apariencia legal a los fondos y, además, financiar otras estructuras criminales.

De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados se organizaron como una estructura familiar con el propósito de colocar y diversificar bienes derivados del narcotráfico, lo que facilitó la operatividad del esquema.

A este grupo se le imputa la violación de disposiciones contenidas en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

En su recurso, el órgano acusador cuestionó la falta de motivación de la sentencia recurrida y señaló una errónea aplicación de la norma jurídica, al considerar que no se ponderaron elementos como la complejidad del proceso, el comportamiento de las partes y la carga del sistema judicial.

La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión de la corte y sostuvo que representa un avance dentro del proceso judicial.

Durante la audiencia ante la Corte de Apelación de La Vega, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Eduardo Velázquez y Vianela García, mientras que el tribunal estuvo integrado por los jueces Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano.

El caso, que se inició en 2020 y declarado de tramitación compleja, llegó a juicio en 2023 tras varios aplazamientos.